Lima, 20 ene (RHC) Trabajadores de los servicios de agua potable de Perú iniciaron un paro nacional contra la posible privatización de la empresa estatal del rubro en Lima, la capital.

De acuerdo con el secretario general de la Federación de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado, Luís Isarra, los manifestantes rechazan esa medida porque encarecerá el servicio y reducirá la cobertura, pues la entidad no invertiría en barrios pobres donde 700 000 habitantes carecen de agua y alcantarillado.

El dirigente sindical también aseveró que las privatizaciones de servicios públicos en Perú han sido nefastas, y mencionó los casos de la telefonía y la electricidad, cuyas tarifas están entre las más elevadas de Latinoamérica.

También se divulgó que la parlamentaria peruana María López Córdova fue condenada a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no haber podido probar la legalidad del origen de la fortuna que posee.

López integra la bancada de Fuerza Popular, partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien encabeza las encuestas y es hija del exgobernante (1990-2000) Alberto Fujimori, preso por corrupción y otros crímenes.

La sentencia fue dictada, tras una larga investigación del ministerio público y un prolongado proceso judicial, por la corte superior de Lima y quedó pendiente de ratificación en una segunda instancia.

La condena se extiende al esposo de López, ambos de origen humilde y ella vinculada a la también congresista Luz Salgado, quien no fue incluida en el juicio y postula a la reelección en los comicios generales del 10 de abril próximo.

Las pesquisas determinaron que los acusados registran un desbalance patrimonial (patrimonio que excede a los ingresos) de dos millones 500 mil dólares acumulados entre 1996 y 2001, es decir en su mayor parte bajo el gobierno fujimorista, en el que trabajó con Salgado, entonces legisladora y funcionaria.

"Yo siempre he sido honesta y no tengo nada que ver con contratos y ventas realizadas por mi esposo como empresario pesquero", alegó López ante el tribunal, sin justificar tamaño patrimonio.

El esposo argumentó a su vez que aumentó el patrimonio conyugal con sus ingresos como trabajador inmigrante de varios años en Japón, lo que no pudo demostrar y que se considera poco creíble que hubiera podido acumular tanto dinero.

De otro lado, el exprocurador José Ugaz calificó como una maniobra efectista de Keiko Fujimori para aparentar voluntad de moralización, la nominación de la exprocuradora anticorrupción Jenny Vilcatoma, cuya eficacia puso en duda a tiempo de criticar su afán de figuración cuando ejerció el cargo.

Por otra parte, la prensa local informa que el excanciller del gobierno de Fujimori, Augusto Blacker, fugitivo de la justicia peruana, que lo requiere por corrupción, es juzgado en Tirana, Albania, por fraude.

El proceso se debe a que Apollonia Investments, empresa de Blacker, que recibió grandes cantidades como aporte de inversionistas para su empresa de limpieza pública Apollonia Investments, que lo acusan de incumplir contratos y perjudicarlos.

Blacker vive refugiado en Albania, donde fue detenido para su extradición a pedido de Perú en enero de 2013, pero fue liberado y no fue entregado porque había obtenido la nacionalidad albanesa.