Washington, 27 ene (RHC) Activistas criticaron al presidente estadounidense, Barack Obama, por oponerse a recibir unas 67 000 firmas en las cuales reclaman detener las masivas deportaciones de inmigrantes centroamericanos.

El portavoz del Ejecutivo, Josh Érnest, dijo que la Casa Blanca no se involucra en decisiones del gobierno relacionadas con la aplicación de las leyes.

Miembros de organizaciones procedentes del sudeste norteamericano se congregaron frente a la sede gubernamental con pancartas para exigir el fin de las deportaciones.

Activistas proinmigrantes se sumaron a la campaña Somos Florida y efectuaron manifestaciones en las ciudades de Tampa, Orlando, Tallahassee y Apopka, para denunciar un proyecto de ley estatal que discrimina a estudiantes indocumentados.

La propuesta legislativa, identificada como HB-675, y presentada por el congresista republicano Larry Metz, obligaría a los profesores del sistema escolar en el estado de Florida, informar a la policía local sobre la presencia de estudiantes indocumentados.

Según un comunicado dado a conocer por la organización Latina Comunica, esta propuesta de ley "obstruye la soberanía de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus comunidades y obliga a la fuerzas del orden y distritos escolares a cooperar con Inmigración a un nivel que actualmente no es obligatorio ni financiado por el gobierno federal".

Por su parte, Francesca Menes, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida, comentó a medios locales de prensa que la implementación de esta normativa significaría que "nuestros profesores están obligados a reportar a las autoridades a aquellos estudiantes indocumentados o a sus padres".

Menes recalcó que como consecuencia de esta obligación, los agentes de la policía retendrán a los inmigrantes por ser indocumentados y advirtió que la aprobación de esta medida generaría un enorme miedo entre los inmigrantes e impondrá temor en los padres indocumentados de enviar a sus hijos a las escuelas.

La propuesta de ley HB-675 fue rechazada por los comisionados del condado Miami-Dade, y los alguaciles de los condados de Broward, Hernando, Hillsborough, Palm Beach, Pinellas y Pasco, y optaron por no ejecutar las leyes federales sobre inmigración al "afectar estas a la confianza de la comunidad", "separar a las familias" y suponer un "desperdicio de recursos".