Guatemala, 23 feb (RHC) Los trabajadores del Ministerio Público de Guatemala marcharon hasta el Congreso del país para demostrar a los diputados su inconformidad con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de esa institución gubernamental.

Para los manifestantes esos cambios representan una amenaza a sus derechos laborales, debilitan la institucionalidad y dejan sin protección a los trabajadores, pues elimina su posibilidad de apelar ante el Consejo del Ministerio Público.

Por otra parte, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó una acción de amparo a favor de 10 sindicados en el caso Negociantes de la Salud, y solicitó a la Corte Suprema de Justicia dejar sin efecto las resoluciones que pudieran dejar en libertad a los beneficiados con la red de malversación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

La Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas de Guatemala Por el Acceso a la Justica reiteró la necesidad de que el Congreso apruebe con urgencia las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Mediante un comunicado, divulgado a través de la red de redes, el bloque de organizaciones reiteró el respaldo a esa iniciativa legal y solicitó su pronta ratificación, así como su aplicación y entrada en vigencia.

Las integrantes del grupo consideran que los cambios a ese cuerpo jurídico son una "condición necesaria para alcanzar la paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres en la postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular".

Por esa razón, pidieron a la ciudadanía vigilar el proceso de aprobación de la ley y recordaron que el parlamento debe garantizar la participación política de todas las personas, en igualdad de condiciones, en aras del avance de la democracia y del sistema político electoral en Guatemala.

A su vez solicitaron a todas las redes y organizaciones de mujeres y feministas a prolongar los esfuerzos de articulación hasta lograr la validación de la reforma e invitaron a sumarse a este accionar a los diferentes sectores de la sociedad.

"Las mujeres representamos más del 52 por ciento de la población guatemalteca y llevamos más de 20 años luchando por las reformas a la LEPP en garantía de nuestros derechos políticos", recuerda el documento.

Menciona, además, que esta lucha tiene como base "los artículos 4, 46 y 136 de la Constitución Política de la República, que establecen la participación igualitaria de mujeres y hombres, indígenas, mestizas/ladinas, y la preeminencia de las convenciones de derechos humanos sobre el derecho interno".

En ese sentido, alude a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (1979), que contiene mecanismos temporales positivos para lograr la igualdad real que contribuirá al fortalecimiento de la democracia.

También reconoce "los avances de primera generación de las reformas a la LEPP, relacionados con el voto en el extranjero, transfuguismo, voto nulo, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres y la inclusión de los pueblos indígenas, fiscalización y financiamiento de partidos políticos, propaganda y medios de comunicación, entre otros.

De igual modo, valora los avances en el dictamen sobre la Iniciativa de Ley No. 4974, remitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) al Congreso en el Expediente 4528-2015, particularmente en cuanto al artículo 212 sobre postulación e inscripción de candidatos.

La CC emitió un dictamen favorable "considerando, que este tipo de reformas nos encaminan a alcanzar una democracia real, especialmente el derecho a la participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas, en condiciones de igualdad", agrega la alianza.