Caracas, 5 mar (RHC) El rechazo al decreto de Estados Unidos contra Venezuela, el debate sobre los derechos humanos y las protestas contra las leyes de la derecha parlamentaria, marcaron la semana que culmina  en el país sudamericano.

Este viernes el gobierno decidió revisar las relaciones diplomáticas con Washington luego de conocer la extensión del decreto en el que la Casa Blanca señala a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de aquel país.

El unilateralismo practicado permanentemente en el mundo por el Gobierno estadounidense constituye una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como al Estado de Derecho internacional, denunció la nota diplomática emitida al efecto por la Cancillería.

Al conocer la noticia, parlamentarios de izquierda publicaron una nota de censura en la que apoyan la postura del Gobierno y exigen al presidente Barack Obama la derogación del documento.

Según las justificaciones emitidas por el gobierno estadounidense, las autoridades venezolanas persiguen a la oposición política, laceran la libertad de expresión y mantienen aherrojado al pueblo llano.

Sin embargo, el lunes 29 de febrero la canciller Delcy Rodríguez explicó ante la comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los logros del país en esta materia y el plan recientemente aprobado por el presidente Nicolás Maduro para continuar en la senda del respeto a la dignidad humana.

Recordó que esta iniciativa surgió de la consulta de centenares de asambleas, movimientos sociales, organismos de defensa de derechos humanos e instituciones públicas, los que ejercieron sin cortapisas la libertad de expresión y asociación.

En cambio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con mayoría en el Parlamento, persiste en acusar al Gobierno de violar las libertades democráticas del país.

Esta semana propuso ante la Asamblea Nacional (AN) un proyecto para analizar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el propósito de sustituir a sus magistrados, elegidos en diciembre cuando el bloque socialista todavía poseía la mayoría en el poder legislativo.

No obstante, el TSJ emitió una sentencia que dejó claro que la Asamblea Nacional no posee la facultad constitucional para revisar, anular, revocar o dejar sin efecto el proceso institucional de designación de magistrados del Poder Judicial.

La Sala Constitucional de este órgano advirtió que cualquier decisión al margen de las competencias del parlamento constituye "un fraude hacia el orden constitucional".

Los debates en el hemiciclo sobre la ley de Producción Nacional provocaron un encontronazo verbal entre opositores y fuerzas pro-gubernamentales, que rechazan la legislación por considerarla una antesala para privatizar empresas estatales.

Es una ley que pretende privatizar todas las empresas públicas, socialistas, donde la clase obrera tenga participación, advirtió el presidente Nicolás Maduro el martes 1 de marzo.

Ese mismo día el mandatario aprobó un fondo de 21 millones de bolívares (2,1 millones de dólares) para el desarrollo en educación, salud y vivienda de estados y municipios.

El mandatario anunció que el Gobierno continuará la construcción de viviendas a pesar de la baja en los precios del petróleo y de la oposición derechista, que pretende poner en ejecución una ley para poner las casas construidas con apoyo gubernamental a disposición del capital inmobiliario.