Brasilia, 19 mar (RHC-PL) Brasil deja atrás una semana de intensa turbulencia política, espoleada desde el Poder Judicial con la filtración de escuchas ilegales que involucraban a la presidenta Dilma Rousseff y amplificadas con saña por medios de difusión.
Apenas conocerse el nombramiento del exdignatario Luiz Inacio Lula da Silva como nuevo ministro-jefe de la Casa Civil, el juez federal Sergio Moro divulgó a través de la Red Globo el contenido de una conversación entre Rousseff y el fundador del Partido de los Trabajadores, referida a la toma de posesión del cargo de este último.
En opinión del conductor de los hilos de la cuestionada operación anticorrupción Lava Jato, el diálogo evidenciaba el interés del Ejecutivo en proteger a Lula de las investigaciones que se siguen en torno al esquema de corrupción de Petrobras, al cual pretenden vincularlo de cualquier modo aún sin que exista alguna prueba de ello.
Las investigaciones basadas en escuchas ilegales no favorecen la democracia y tampoco lo hacen la filtración selectiva de delaciones, ni las declaraciones transformadas en hechos espectaculares, dijo la jefa de Estado en la ceremonia de toma de posesión de los cuatro nuevos ministros de su gabinete, el jueves pasado.
Dilma reprobó la acción del juez Moro, que dijo abre un precedente gravísimo y amenaza con degradar la Constitución y la Justicia, y recordó que desde el comienzo de su segundo gobierno hubo siempre quienes quisieron sacarle el mandato de forma golpista.
La asunción de Lula, sin embargo, no pudo hacerse efectiva todavía por impedimento del magistrado del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes hasta que la Corte vuelva a reunirse el próximo 30 de marzo.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la composición de la Comisión Especial encargada de llevar adelante el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, en la que 40 de los 65 integrantes que la forman recibieron en algún momento donativos de empresas o subsidiarias de estas que están sujetas a investigación.
Por resolución del Supremo Tribunal Federal, la última palabra respecto al enjuiciamiento de la mandataria la tendrá el Senado de la República que podrá o no dar curso al mismo, de aprobarse previamente en el recinto de los diputados.
Las reiteradas denuncias hechas en esta semana por políticos, juristas, parlamentarios y diversas organizaciones respecto al clima golpista preponderante en el país también encontraron amplio eco en las calles de todo el país, que la víspera se colmaron de manifestantes a favor de la democracia y contra el impeachment.
Convocados por el Frente Brasil Popular, los participantes en las marchas, que en casos como la ciudad de Sao Paulo llegaron a congregar a más de 95 mil personas, enarbolaron como su principal consigna que: "No habrá golpe".