Brasilia, 9 abr (RHC) El ministro-jefe de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Berzoini, manifestó su convicción de que el proceso de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, será derrotado cuando se vote en el plenario de la Cámara de Diputados.

En el escenario más pesimista tenemos los votos para frenar el impeachment, y en el más realista podremos ganar con un margen confortable, dijo el alto funcionario gubernamental al diario digital Brasil doscientos 47.

Según Berzoini, ni aún con todo el esfuerzo de prometer cargos y ventajas a los parlamentarios, la oposición cuenta con los votos necesarios, trescientos 42, para aprobar el juicio político de la mandataria.

El Ministro aseguró que la victoria sobre el impeachment se alcanzará en la política, aunque advirtió que si las normas legales del proceso fueran irrespetadas, entonces habría que recurrir a la Justicia.

En conferencia el abogado general de la Unión y encargado de la defensa de la mandataria, José Eduardo Cardozo, rebatió el parecer favorable al procedimiento de destitución presentado ante una comisión especial de la Cámara de Diputados por el relator Jovair Arantes.

El análisis del documento puso al descubierto la existencia de equívocos jurídicos y técnicos, así como de conceptos erróneos, por tanto lo valoró como de construcción absolutamente equivocada.

Se divulgó además que las más de 13 horas de debate realizadas hasta hoy por la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el proceso de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, estuvieron carentes de debate jurídico.

Desde el comienzo en la tarde de este viernes y hasta pasadas las cuatro de la madrugada de hoy, cuando se puso punto final a la sesión, no hubo interés por discutir los elementos jurídicos del procedimiento, hizo notar en su cobertura el diario digital Brasil 247.

Según la publicación, los parlamentarios de oposición y favorables al impeachment gastaron la mayor parte del tiempo de discusión en temas que no forman parte del proceso, como el escándalo de Petrobras, el presunto colapso moral del Partido de los Trabajadores (PT), la operación Lava Jato y el estilo de gobernar de Dilma.

Sobraron los adjetivos fuertes, pero faltó el análisis sobre si se configura o no el delito de responsabilidad -del cual se acusa a la jefa de Estado- en las llamadas pedaladas fiscales y la firma de decretos que modificaron algunos presupuestos sin la aprobación del Congreso.

En ese sentido, y de acuerdo con la Agencia Brasil, el diputado Alessandro Molon, del partido Red de Sostenibilidad, advirtió que la aprobación de un juicio político a la Presidenta contra lo que varios oradores definieron como "el conjunto de la obra" no está previsto en la Constitución.

Quien juzga el conjunto de obra -dijo- es el elector. Si se trata de crimen de responsabilidad, entonces es necesario verificar si los elementos penales están presentes.

De los más de 100 legisladores inscriptos para participar en la discusión del parecer del relator Jovair Arantes, favorable al impeachment, hablaron en esta sesión 61, la mayoría de ellos (39) para respaldar el procedimiento de destitución de Rousseff.

La comisión especial volverá a reunirse el próximo lunes, cuando se prevé que Arantes hará una réplica, los 27 líderes parlamentarios podrán comentar sobre el relatorio y orientar a sus bancadas cómo votar y también intervendrá la defensa de la mandataria antes que se produzca la votación del impeachment.

De avalarse en esta instancia, como muchos dan por descontado, entonces tocará al plenario de la Cámara de Diputados analizar el pedido de juicio político, votarlo (probablemente el domingo 17) y conseguir 342 votos para que pueda pasar al Senado, el cual dirá la última palabra sobre el proceso de destitución de la jefa de Estado.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal anunció que no permitirá a los movimientos sociales y otras agrupaciones contrarias al proceso destituyente instalar campamentos en la Explanada de los Ministerios o sus alrededores hasta el día de la votación.

De acuerdo con la institución, la medida resulta necesaria para asegurar "el libre derecho a la manifestación de grupos de diferentes matices políticos durante el proceso de votación".

Tampoco se permitirá al Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierras (MST) acampar en el estacionamiento del Teatro Nacional, como tenían previsto hacerlo para conmemorar el 17 de abril los 20 años de la masacre de Eldorado dos Carajás, donde fueron asesinados por la policía 21 integrantes de la organización.