Brasilia, 18 abr (RHC) La Cámara de Diputados de Brasil aprobó anoche el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con 367 votos a favor y 137 en contra.
Con estos resultados, la discusión continuará ahora en el Senado, ente que definirá la suspensión de la primera mandataria de su cargo, lo que según algunas personalidades brasileñas, constituye un golpe de Estado.
La oposición requería dos tercios (342) de la Cámara de Diputados en Brasil para aprobar el impeachment. La decisión de admisibilidad del proceso en el Senado estaría a cargo de una comisión conformada por 21 miembros, que de aprobar la solicitud, pondrá a juicio de la mayoría simple (la mitad más uno, o sea 54 senadores) del plenario, ratificar o no la medida.
En defensa de la presidenta Rousseff, el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, ha denunciado que se trata de un juicio viciado que viola los principios del debido proceso legal.
Explicó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa, cosa que no ha sucedido.
Por ello, el juicio político que acaba de aprobarse no cumple con esas condiciones “es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado”.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la Jefa de Estado.