Brasilia, 5 may (RHC) Senadores miembros de la comisión especial designada al efecto discutirán este jueves el parecer del relator Antonio Anastasia, quien se pronunció a favor de someter a un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

En la sesión previa a la votación de la relatoría de Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), los 42 integrantes del colegiado (21 titulares y otros tantos suplentes) recibirán también este jueves al abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, encargado de la defensa de la primera mandataria.

La víspera, Anastasia presentó sus consideraciones en un documento de 126 páginas que requirió de poco más de tres horas de lectura.

Antes, debió escuchar la fuerte impugnación hecha por el senador Lindbergh Farías, del Partido de los Trabajadores (PT), quien introdujo una cuestión de orden para reiterar que el legislador tucano no reunía las condiciones de imparcialidad exigidas para fungir como relator del proceso.

Farías recordó que durante su gestión como gobernador del estado de Minas Gerais, entre 2010 y 2014, Anastasia dictó 55 decretos de créditos suplementarios (y a la Presidenta la acusan por seis, dijo) y nunca llegó a cumplir la meta fiscal, ni tampoco asignó los recursos establecidos por ley para gastos en salud y educación.

Después de una suspensión de dos minutos decretada por el titular de la comisión especial, Raimundo Lira, para restablecer el orden en la sala, Anastasia dio comienzo a la lectura de su parecer, en el que votó por la admisión de la denuncia y la consecuente apertura de un juicio político contra Rousseff.

Anastasia consideró que la acusación presentada contra la jefa de Estado por presunto crimen de responsabilidad se ajusta a los requisitos exigidos por la ley para ser atendida.

Consideramos -agregó- que los hechos delictuosos están debidamente descritos, con indicios suficientes de autoría y materialidad.

El documento precisa que el análisis en la comisión especial del Senado se limita solo a reconocer "si existen o no indicios suficientes" para proseguir con el proceso de juicio político, e insiste en que dado el contexto y el análisis factual realizado "identificamos la plausibilidad de la denuncia".

En otra de sus partes, la relatoría refutó las que calificó de insistentes e irresponsables alegaciones, por parte de la denunciada, de que el impeachment configuraría un golpe de Estado.

Nunca se vio un golpe con derecho a amplia defensa, reuniones transmitidas en vivo, derecho a hablar para representantes de todos los matices políticos y siguiendo los procedimientos dictados por la Constitución y el Supremo Tribunal Federal, dijo.

En su anterior descargo ante la comisión especial, el viernes pasado, el abogado de Dilma Rousseff manifestó que el impeachment es un trauma que Brasil no merece.

Aun si se realizara con apego a las normas constitucionales, el proceso de destitución resulta un proceso traumático; y lo es más cuando en un caso como éste carece de todo sustento jurídico, sostuvo Cardozo, para quien la denuncia presentada contra la Jefa de Estado es frágil e inconsistente.