La Paz, 10 may (RHC) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció que opositores políticos y empresarios de su país, incluidos accionistas del diario Página Siete, aparecen en los textos desclasificados sobre el escándalo de evasión fiscal conocido como Panamá Papers.

En conferencia de prensa, en La Paz, ratificó García Linera que la Asamblea Legislativa Plurinacional creará una comisión especial para investigar a todos los involucrados con la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, que creaba empresas fantasmas en los llamados paraísos fiscales.

También precisó el viceprimer mandatario boliviano que dentro de los implicados en el escándalo de evasión fiscal se encuentran Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico, quien formó parte del golpe de Estado de 2008 en el país andino, y varias figuras vinculadas al gobierno del presidente Jorge Quiroga, durante 2001 y 2002.

Asimismo denunció que la filtración de los Panamá Peipers involucró al menos a 95 empresas, 18 clientes y 35 accionistas que habrían recurrido a los paraísos fiscales para eludir impuestos en Bolivia.

Luego de trascender nuevas revelaciones sobre la participación del presidente argentino, Mauricio Macri, familiares y socios de negocio en firmas fantasmas, el juez Sebastián Casanello pidió información sobre todas sus cuentas bancarias.

De acuerdo con el portal Ámbito.com, el magistrado quien investiga la vinculación del mandatario con empresas en paraísos fiscales, solicitó al Banco Central (BCRA) que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias del Presidente.

Además, emitió exhortos a cinco países y solicitó información de familiares del mandatario, agrega ese medio especializado en noticias económicas.

En específico, Casanello requirió al BCRA los movimientos bancarios en los que haya participado el Presidente como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

A su vez, libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri, la cual, según la nueva documentación liberada el lunes, tiene vinculación con otras ocho firmas además de las dos reconocidas por el propio mandatario.

El juez también pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Franco Macri (padre), Gianfranco Macri y Mariano Macri (hermanos) de los años 2012 y 2014.

Reportes periodísticos reflejan que Franco y sus hijos crearon la Sociedad Macri (Socma) y el Grupo Macri, un consorcio integrado por empresas relacionadas principalmente con la construcción como Sideco, la industria automovilística (Sevel), los vuelos aéreos (Macair Jet) y el correo (Pago Fácil).

Además, administraron compañías de recolección de basura (Manliba) y la industria de alimentos, con establecimientos en Argentina, Brasil y Uruguay.

Varios artículos señalan que durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) el grupo empresarial creció enormemente, sobre todo, gracias a lo que seria el fuerte de dicha compañía, la obra pública y diversos contratos con el Estado argentino.

De ese modo, la familia Macri se benefició económicamente de la dictadura con la ejecución en masa de distintos negocios y la condonación de sus deudas empresariales giradas al estado para ser pagadas por los argentinos por la vía pública, coinciden en afirmar los medios consultados.

Franco Macri estuvo a cargo de la conducción de diversas organizaciones empresariales como la Unión Argentina de la Construcción, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Fabricantes de Autos.

Igualmente, la Socma fue accionista del grupo Philco Electrodomésticos, conducido por Jorge Blanco Villegas, expresidente de la Unión Industrial Argentina, que vendió la empresa al grupo coreano Daewoo.

El primer choque de los Macri con los Kirchner tuvo lugar en 2003 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato por el cual la Socma administraba el Correo Argentino, lo cual hacía desde 1990.

Ahora se conoce que a través de la Socma y el Grupo Macri se articularon y crearon firmas offshore en Panamá, Bahamas, Brasil y Uruguay.