Panamá, 12 may (RHC) El Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá condenó hoy la injerencia de Estados Unidos contra la soberanía istmeña, al sancionar a empresas locales a través de una lista que consideran la antítesis del derecho.

En un comunicado, el CNA denunció también la "intromisión de entidades foráneas" en los asuntos del país, y exigió al Gobierno y demás autoridades nacionales que defiendan enérgicamente al Istmo ante tales acciones, además de que hagan valer la "presunción de inocencia y la garantía del debido proceso", como determina la Constitución.

La reacción del gremio se fundamenta en que ven "con mucha preocupación que se emprenden acciones legales fundamentadas en decisiones de Estados Unidos", y en particular se refieren al caso de la familia Waked, acusada de lavado de dinero e incluida junto a 68 de sus empresas, en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro del país norteño.

Alertan que aparecer en esa Lista es igual a "una doble muerte, por un lado financiera (se le cierran al afectado todo acceso bancario y financiero) y por otro la muerte moral, pues han sido condenados sin juicio justo, donde tengan vigencia y plenitud las garantías procesales".

El financiamiento de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá mediante emisión internacional de bonos por 625 millones de dólares, quedó frenado el pasado miércoles como efecto de la sanción estadounidense.

Los riesgos percibidos por los inversionistas generaron incertidumbre ante las acusaciones de lavado de dinero en las que se vinculan a firmas, una de las cuales es concesionaria de los comercios duty free (libre de impuestos) y genera el ocho por ciento del ingreso de la estatal terminal aérea.

Esa decisión del Tesoro es un duro golpe a la economía local, según análisis del ministro del ramo, Dulcidio de la Guardia, quien precisó que el gobierno panameño negocia actualmente con Estados Unidos para disminuir los efectos inmediatos de la medida, que pone en peligro el empleo de unos cinco mil trabajadores.

La prohibición que genera extraterritorialmente esa sanción tendrá un efecto dominó sobre un número aún no revelado de entidades, a las cuales se les impide, bajo amenaza de sanción, continuar sus relaciones contractuales con dos grupos que dominan una parte importante del comercio, las inmobiliarias y otros negocios locales.

Prohibir en esos establecimientos el uso de tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitida por bancos estadounidenses o relacionados con los mismos, redujo de inmediato a la mitad las ventas en tiendas de las firmas vetadas por la institución norteña, refieren reportes de prensa.

Igualmente fueron cerradas cuentas bancarias de las empresas mencionadas, e incluso algunas creadas para los salarios de los trabajadores, según denuncias, pese a que el Gobierno pidió a los bancos proteger el pago de empleados, afirmó el titular de Economía y Finanzas (MEF).