Brasilia, 16 may (RHC) El Senado y la Corte Suprema de Brasil definirán a partir de este martes el calendario del proceso judicial contra la primera mandataria de ese país, Dilma Rousseff, quien fue separada de su cargo por 180 días y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, contra quien este lunes el pueblo de la nación sudamericana realiza actos de resistencia.

Luego de que el pleno de la Cámara alta aprobara el último jueves la apertura del juicio político contra la jefa de Estado, por un supuesto delito de responsabilidad, la comisión especial de 21 senadores encargada del caso estudiará y escuchará nuevamente los alegatos de acusación y defensa.

Durante los seis meses que Dilma Rousseff permanecerá separada de la presidencia, autoridades brasileñas se encargarán de buscar pruebas en su contra, las cuales no fueron presentadas ni en la Cámara Baja, ni en el Senado, pese a lo cual los integrantes de esos órganos legislativos aceptaron el proceso de impeachment.

Al respecto, Juan Eduardo Cardozo, abogado defensor de la primera mandataria brasileña, denunció que las acciones implementadas hasta ahora contra la presidenta son ilegales y las consideró un golpe de Estado sin armas.

Mientras la gobernante Alianza PAIS de Ecuador solicitó a los sistemas de integración latinoamericanos, principalmente a Unasur y Celac, reunirse con carácter urgente para rechazar la desestabilización de la democracia en Brasil.

El movimiento fundado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, consideró la decisión del Senado brasileño de someter a juicio político a la mandataria Dilma Rousseff como una nueva desestabilización del sistema democrático.

Instamos a la comunidad internacional y en especial a los países de la región a defender el debido proceso democrático en Brasil y a nuestros líderes de la Patria Grande, expone el comunicado.

Además, llama a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y a la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) a reunirse para rechazar la medida contra Rousseff de separarla del cargo por 180 días y a manifestarse a favor del mandato de los pueblos.

En estos 180 días en los cuales ha sido obligada a separarse de su cargo, las autoridades brasileñas deberán buscar y encontrar las pruebas que no han sido presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado, advierte el texto.

De acuerdo con el movimiento político ecuatoriano, la Presidenta elegida democráticamente por el pueblo brasileño ha sido víctima de un proceso de destitución sin la existencia de un crimen de responsabilidad.

Asistimos a un golpe de Estado encubierto por mecanismos judiciales con el beneplácito de los medios de comunicación, asegura el manifiesto.

También, Alianza PAIS le transmite a Rousseff solidaridad y fuerza para enfrentar este proceso de juicio político y confianza en que la justicia, la verdad y sobre todo la democracia se impondrán frente a los ataques de una oposición viciada en intereses particulares.

A criterio del movimiento gobernante en Ecuador, la oposición en Brasil viola en estos momentos los elementales derechos sociales y políticos, así como la decisión soberana del pueblo de esa nación suramericana.