Guatemala, 21 jun (RHC) Movimientos ciudadanos exigieron al Estado de Guatemala aprobar la Ley 3590 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada.

Durante el Día Nacional Contra ese delito, demandaron los activistas ratificar esa legislación y realizaron actividades encaminadas a recordar a las más de 45 000 víctimas de la guerra interna en esa nación centroamericana.

En la jornada demandó el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada al Congreso de la República la aprobación de la iniciativa y exigió también al gobierno de Jimmy Morales cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de las personas consignadas en el Diario Militar.

De acuerdo con el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en Guatemala la desaparición forzada devino una práctica sistemática que eliminó el rastro de 45 000 seres humanos, sobre todo indígenas, sindicalistas, líderes comunitarios, estudiantiles, activistas sociales y otros.

En días recientes, diputados repudiaron el asesinato de la asesora jurídica de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica), Brenda Marleni Estrada, tercero perpetrado este año contra un dirigente civil en este país centroamericano.

La abogada y su padre, Jorge Estrada, colaboraban de manera legal con los trabajadores sindicalizados en la negociación de pactos colectivos en una de las fincas bananeras de la transnacional estadounidense Chiquita Brands, en el departamento caribeño de Izabal.

"Un compañero del Comité Campesino Del Altiplano -Daniel Choc- fue asesinado la semana pasada y anoche una compañera Marleni Estrada, de la Unsitragua Histórica en las luchas de trabajadores. Pido al Ministerio Público investigar. Que no sea una oleada represiva", declaró el legislador del partido Convergencia, Álvaro Velásquez.

Mientras que otro congresista por esa fuerza política, Leocadio Juracán, condenó los constantes ataques a los líderes y liderezas de los distintos movimientos sociales en este país, cuyo único delito es defender los derechos de las mayorías.

Juracán solicitó, mediante un comunicado, el cese de la represión contra los dirigentes de las agrupaciones civiles y que no se les criminalice por la lucha que emprenden en el día a día para beneficio de sus comunidades, familias, y sectores a los cuales representan.

También instó a las autoridades correspondientes a esclarecer estos hechos trágicos que, a su juicio, "siguen dejando más daños a una sociedad que esta golpeada y bañada con sangre a lo largo de la historia".

Similar posición asumió la Bancada del Movimiento Político Winaq, representada por el parlamentario Amílcar Pop, quien hizo notar que "este lamentable hecho nuevamente enluta los sectores sindicales organizados por la defensa de derechos laborales y humanos, intentando intimidar a todo trabajador organizado para desistir de todo derecho laboral".

Pop pidió al Ejecutivo y al presidente Jimmy Morales disponer de todas las instancias a su alcance para lograr la pronta aprehensión de los sicarios y actores intelectuales de este hecho, pero igual llamó a la Organización Internacional del Trabajo a repudiar y obrar por el esclarecimiento de lo ocurrido.

Estrada, hija del reconocido luchador por la defensa de los derechos de los trabajadores de Guatemala, murió víctima de un ataque armado por sicarios a sueldo este domingo 19 de junio en el centro de Ciudad Guatemala.

Sólo 10 días antes fue baleado el luchador por la recuperación de tierras en San Juan Los Tres Ríos, departamento norteño de Alta Verapaz, Daniel Choc; luego que en el mes de marzo perdiera la vida en circunstancias similares el también dirigente comunitario y ambientalista petenero Walter Manfredo Méndez.