La Habana, 12 oct (RHC) La diplomática cubana Tanieris Diéguez denunció este 12 de octubre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la manipulación del principio de la jurisdicción universal por algunos países empeñados en imponer su hegemonía a las naciones del Sur.
"Reiteramos la preocupación por el uso indebido de este principio en el ejercicio unilateral, selectivo y políticamente motivado de la jurisdicción de los tribunales de naciones desarrolladas contra personas, naturales o jurídicas, de países en desarrollo, sin que ello emane de una norma o tratado internacional", advirtió.
En su intervención ante la Sexta Comisión de la Asamblea General, que se ocupa de los temas jurídicos, Diéguez condenó la promulgación de leyes basadas en motivos políticos, y dirigidas contra otros Estados, lo cual tiene nefastos efectos en las relaciones internacionales.
Manifestó que el alcance y la aplicación de la jurisdicción universal deben ser debatidos por todos los Estados miembros de la organización en el marco de la Asamblea General, con el principal objetivo de evitar que se recurra a este principio cuando no corresponda.
"Por ende, el trabajo de la Asamblea debe tener la meta de establecer una regulación o directrices internacionales para evitar su uso indebido, y resguardar la paz y la seguridad internacionales", subrayó.
La diplomática insistió en la importancia de que al aplicarse la jurisdicción universal por parte de los tribunales nacionales, se respeten de manera estricta la igualdad soberana, la independencia política y la no injerencia en los asuntos internos, principios consagrados en la Carta de la ONU.
"La jurisdicción universal no puede utilizarse para menospreciar la integridad y valores de los diferentes sistemas jurídicos; de ello se deriva su carácter excepcional y supletorio", dijo ante la Sexta Comisión.
Diéguez ratificó la postura de su país de que la aplicación debe limitarse a circunstancias excepcionales, cuando no exista otro recurso, para evitar la impunidad.
Precisó que Cuba apoya la elaboración de una norma o directrices internacionales que establezcan claramente en qué condiciones, o dentro de qué límites, se puede invocar el principio de la jurisdicción universal, así como también los delitos a los cuales se les aplicaría el principio.
(Con información de PL)
