Camagüey, 24 jun (RHC) «La Ley Electoral que se propone tiene una sólida base ética que garantiza la transparencia de las votaciones y el cumplimiento de los principios del sistema eleccionario cubano», aseveró Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, durante las sesiones de análisis y debate, hasta ahora efectuadas, sobre el contenido del nuevo proyecto de legislación.
En el transcurso de la semana que acaba de concluir tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre el documento los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila, proceso que continuará en los próximos días en el resto del país.
«Es esta una norma, acentuó Balseiro Gutiérrez, que tiene en cuenta las experiencias de varios años de procesos electorales regidos por la Ley 72, a lo que se une un riguroso análisis para añadir elementos que faltaban, lo cual le da amplitud, como lo confirman los 290 artículos que la distinguen, al momento de iniciarse los análisis que la fortalecerán».
La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional comentó que «será ella misma una ley reglamentaria, porque ayudará, tan pronto sea aprobada, a todo aquel que debe consultarla a la hora de desarrollar su labor una vez que haya sido designada la autoridad electoral».
La transparencia caracterizó la recogida de opiniones y sugerencias sobre el proyecto de modificación de la Ley Electoral que reunió en la Ciudad de los Parques a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de las provincias orientales.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que los cambios proyectados son de gran importancia en el orden institucional del Estado.
La diputada guantanamera Ideliena Díaz Casamayor preguntó las razones que han llevado a que algunos cargos electorales sean por elección y otros por designación, pues cree, dijo, que lo primero es lo que conserva el espíritu democrático de la ley.
Si bien su razonamiento es lógico, Toledo Santander le explicó que la elección comprende a los cargos principales, como es el caso del Consejo Electoral Nacional, que el Presidente de la República propone a la Asamblea Nacional, mientras los vocales serían por designación, pues no son cargos profesionales.
El también guantanamero Yosvany Chacón planteó que no era necesario especificar el derecho de los miembros de los institutos armados a participar en elecciones, pues se establece para todos los cubanos en edad de votar.
La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional respondió que se hace para acentuar una peculiaridad cubana, que es también una fortaleza del sistema electoral del país, pues lo predominante en la práctica mundial es limitar a los militares debido a una supuesta posición apolítica.
Una vez que Evita Castillo Puebla, diputada por Caimanera, manifestó dudas sobre la cantidad de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular según el número de habitantes de cada municipio, Alina Balseiro aclaró que se mantiene la regla de dos si la cifra de personas es de 45 mil o inferior.
La aclaración también dio pie a reflexiones de Toledo Santander acerca de la proporción de diputados, que en lugar de verse como un asunto matemático, debe asegurar la representatividad del máximo órgano de gobierno para que allí estén todos los sectores de la sociedad.
Tras señalar que hay que explicar mucho más el tema del diputado electo por el lugar donde no reside, precisó: «El diputado no tiene vínculo territorial, no está en la Asamblea Nacional para trasladar los problemas del territorio por el cual fue electo. El diputado tiene carácter nacional y está para decidir sobre las grandes estrategias del país, lo que no significa que se divorcie de los electores y de las autoridades locales».
Pavel Rodríguez Rodríguez, de la provincia de Holguín, llamó a reflexionar sobre la posibilidad de excluir temporalmente del Registro Electoral a los ciudadanos cubanos que en el momento de las elecciones permanezcan en el exterior, pues su no presentación al acto de votar afecta los resultados.
Toledo Santander planteó que no se puede pasar por alto que la Ley de Inmigración y Extranjería les da el derecho a conservar la residencia en Cuba, lo que les asegura mantenerse en el Registro Electoral, al que en nuestra nación se ingresa por oficio apenas se arriba a la mayoría de edad.
Ana Rafaela Hernández, diputada por el municipio de Antilla, propuso que en el artículo relacionado con el Consejo Electoral Municipal fueran tres y no dos los miembros profesionales, como vía para asegurar la estabilidad y continuidad en los resultados del trabajo.
Amplio consenso entre los diputados camagüeyanos y avileños generó igualmente el análisis del proyecto de Ley Electoral, quienes con sus opiniones, sugerencias y aportes pusieron su granito de arena en la construcción colectiva de una norma jurídica apegada a los principios de la democracia socialista.
La diputada camagüeyana Teresa Tamayo Guerra insistió en la importancia de lograr una actualización constante y coherente del Registro Electoral, pues de su calidad en mucho depende el trabajo de altas y bajas a realizar en el momento mismo de las votaciones ante el movimiento interno o fuera del país de la población.
Los participantes en el encuentro regional efectuado en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, de la ciudad de Camagüey, expresaron su satisfacción por la inclusión, por primera vez, del papel de los supervisores y colaboradores durante los procesos electorales como veladores de la transparencia y la legalidad.
Reina Torres Pérez, diputada por el municipio de Ciego de Ávila, ponderó el hecho de que el proyecto de ley ratifique en su articulado, además, la primacía de la capacidad, los méritos, el prestigio y la autoridad moral de los candidatos, como elementos a tomar en cuenta por los electores a la hora de emitir el voto.
Otro de los detalles que singularizan al sistema electoral cubano fue expuesto por Santiago Lajes Choy, quien al referirse al desempeño de las comisiones de candidatura aseguró que, lejos de ser un acto formal, en su condición de diputado siempre se le han solicitado sus propuestas para ocupar los altos cargos del país.
«Los argumentos presentados, unidos a los cambios esbozados en el proyecto de ley, reflexionó José Luis Toledo Santander, constituyen herramientas para explicar el orden electoral que en el país nos estamos dando, en uso legítimo de la autodeterminación, la soberanía y la independencia nacional».
(Granma)