En presencia del miembro del Buro Político del Partido Comunista y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, los diputados asistentes a la Comisión de Salud y Deporte conocieron este miércoles que perduran dificultades en el completamiento de las plantillas de cuadros y trabajadores, irregularidad en la capacitación del personal, carencia del diésel lo que no permite el cumplimiento del ciclo de recogida de desechos sólidos, y la insuficiente cantidad de carros para el barrido de las calles.
En el informe presentado se mencionó la mala calidad y el irregular suministro de los medios de protección y seguridad al trabajador de los Servicios Comunales, quienes tampoco mantienen una actitud consciente en relación con su uso, así como el insuficiente número de contenedores de basura, que no siempre se distribuyen de la mejor manera.
Los diputados coincidieron en que la higiene comunal es un tema sensible para la sociedad, y que requiere de la inversión para la mejora de los recursos necesarios, y que todos los ciudadanos contribuyan desde la disciplina social, la conciencia colectiva y el deseo de convivir en un país más limpio.
Tomar medidas más drásticas ante acciones antisociales fue uno de los planteamientos que más apoyo recibió en la sesión de la Comisión, porque se compartió la idea de que si resulta vergonzosa la actitud de muchas personas que ensucian la ciudad, también esa actitud debería ser sancionada de manera severa para lograr, al menos por esa vía, que todos colaboremos con la higiene comunal, porque invertir en recursos no es la única solución.
Mildrey Granadillo, viceministra de Economía y Planificación (MEP), comentó que se aprueba anualmente la importación de los equipos destinados a la recogida de los desechos sólidos urbanos y su disposición final, así como las piezas de repuesto, partes y agregados para el mantenimiento y los neumáticos de esos equipos.
Para garantizar la sostenibilidad de la higiene comunal, agregó, se cuenta en el país con dos programas: el referido a la reparación de los equipos (planificación anual de un financiamiento para los grupos empresariales Gesime, Azcuba, Gelma y Somec), y el vinculado con los vertederos, que suman más de 840 en el país (financiamiento anual del Consejo de la Administración Provincial).
La vicetitular del MEP enfatizó en que el mecanismo establecido para la recogida de los escombros no ha sido divulgado cabalmente, por lo que gran parte de la población desconoce que puede solicitar la instalación de cajas ampliroll para esta actividad.
Insistió en que la distribución de los contenedores no puede realizarse desde el nivel ministerial, «pues le corresponde a cada territorio evaluar las características de sus comunidades para definir qué cantidad de contenedores hace falta en cada una».
Lazo Hernández manifestó que el esfuerzo debe ser colectivo, y que es vital elevar la percepción de riesgo de la población en torno a las enfermedades que puede padecer debido a la poca higiene en las comunidades.
Destacó que no podemos ignorar los casos de corrupción que se han detectado en Servicios Comunales por personas que no le han servido honestamente a la Revolución. «El único enemigo que esta Revolución puede tener, como dijera Fidel, somos nosotros mismos si no la defendemos como debe ser», expresó.
El incremento del chequeo y control, la conclusión de la legalización contractual de los locales utilizados por otras entidades, así como la reubicación de los habitantes ilegales, se encuentran entre las acciones implementadas para erradicar las indisciplinas existentes en materia de ordenamiento territorial y urbanismo.Así trascendió en la rendición de cuentas del Instituto de Planificación Física (IPF) a los diputados en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que estuvo presidida por el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido, e Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros.
Según explicó Samuel Rodiles Planas, presidente del IPF, 2019 comenzó con un inventario de más de 100 000 ilegalidades asociadas al ordenamiento territorial y urbanístico —20 mil de personas jurídicas y 90 mil de personas naturales.
A estas cifras, dijo, se suman las mil 146 ilegalidades detectadas en 2018 que no fueron eliminadas. Las provincias más afectadas son La Habana, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba, en ese orden.
Informó que en general se planificó para el presente año la erradicación de más de 21 mil ilegalidades, lo que representa el 19 por ciento de lo inventariado inicialmente. De estas, al cierre de mayo, se habían solucionado 6 308, el 29 por ciento del plan anual.
El directivo también señaló que en cuanto a nuevas ilegalidades se destacan negativamente las provincias de Holguín y La Habana, y mencionó las irregularidades más representativas en el país: la violación de regulaciones urbanísticas y de proyectos; incumplimiento de las obligaciones de hacer demoliciones; construcciones, ampliaciones, reposición de viviendas, cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida; construcciones de obras para otros usos con autorizos expedidos para viviendas (trabajo por cuenta propia); así como ocupaciones ilegales de suelo.
Rodiles Planas expuso las medidas integrales para combatir ilegalidades en materia de ordenamiento territorial y urbanismo:
1- Aprobar la norma jurídica para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas. Según diagnóstico existen más de 230 mil viviendas que requieren ser ordenadas.
2- Establecer como prioridad en las visitas gubernamentales el análisis del enfrentamiento a las construcciones ilegales.
3- Los Gobiernos provinciales rendirán cuenta mediante videoconferencia al cierre de cada semestre sobre los resultados del enfrentamiento a las ilegalidades. Los organismos lo harán con frecuencia mensual.
4- Incorporar a la estrategia de comunicación institucional acciones que permitan ampliar el dominio de los procedimientos y regulaciones urbanísticas por parte de las personas naturales y jurídicas.
5- Diseñar un plan de preparación integral en el sistema de la planificación física dirigido a cuadros y técnicos sobre aspectos concernientes al ordenamiento territorial y el urbanismo.
6- Cumplir con el principio de erradicar de inmediato el ciento por ciento de las nuevas ilegalidades detectadas y crear las condiciones para detectarlas desde el inicio.
7- Cumplir con el catastro, y promover y perfeccionar el uso del certificado catastral en las zonas ya certificadas para contribuir al perfeccionamiento de los trámites.
8- Diseñar acciones para el control, la supervisión, la organización y la informatización del proceso de trámites que realiza la población con el objetivo de agilizarlos y simplificarlos.
9- Rendirán cuenta los gobiernos municipales y las entidades estatales a los respectivos Consejos de la Administración Provincial sobre el resultado de su gestión en el enfrentamiento a las ilegalidades.
Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, abogó por un mayor orden y control de los elementos que intervienen en el ordenamiento territorial y urbanístico, como los suelos y las aguas, por solo citar dos ejemplos, aunque reconoció que aún persisten «el peloteo, las trabas, la indolencia y la falta de sensibilidad» en las estructuras que tienen que ver con los procesos de trámites.
En la reunión también rindieron cuenta las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial del Ministerio de la Construcción, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Energía y Minas, lo que demuestra que el enfrentamiento a las ilegalidades se realiza desde la multisectorialidad e integralmente.
El enfrentamiento al delito y a las indisciplinas sociales tiene para Cuba una trascendencia de seguridad nacional. En torno a esa idea gravitaron los análisis que tuvieron lugar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
El enfoque es pertinente porque, como expresó el coronel del Ministerio del Interior (Minint) Idael Fumero, estamos en presencia de fenómenos que impactan negativamente a la sociedad en su conjunto, en las dimensiones ideológica y económica.
Muchas condicionantes, explicó, complejizan las manifestaciones que atentan contra la armonía de la sociedad y la seguridad ciudadana, en un mundo en el cual la Isla está expuesta a influencias y amenazas múltiples (como el tráfico de drogas), pasando en lo interno por modos cada vez más sofisticados de organizar cadenas delictivas, hasta ciertos vacíos de valores, ante cuyas ausencias se sufren indisciplinas sociales como la música alta y otros ruidos, un lenguaje plagado de obscenidades, las peleas y los escándalos callejeros.
Sobre este tema, que motivó entre los diputados múltiples valoraciones, el Minint tiene entre sus directivas de trabajo, según explicó Idael Fumero, medidas para fortalecer la prevención, intercambios de experiencias cada vez más estrechos con distintas estructuras de la sociedad, y la continuidad en el trabajo con los órganos e instituciones vinculadas con el sistema de justicia penal en el país.
De muy complejo calificó la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, todo lo concerniente al delito y las indisciplinas sociales. Por tal razón, dijo, no podemos atrincherarnos y pensar que un solo enfoque es el adecuado para hallar soluciones. Todos tenemos responsabilidades en la prevención y en el enfrentamiento, y ambos frentes deben complementarse.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), destacó que desde esa institución se siguen haciendo esfuerzos por cumplir cabalmente la función de «impartir justicia», frase breve, resaltó que, sin embargo, entraña el reto de decidir en cada caso aquello que corresponda.
El enfrentamiento, reflexionó, debe ser con la mirada puesta en la prevención y en el sistema social que somos: «La plataforma legal que tenemos en Cuba nos permite desplegar una actividad en un Estado socialista de derecho y de justicia social».
El enfrentamiento y la prevención, explicó Remigio Ferro, tienen mucho que ver con un factor de suma trascendencia para nuestro sistema político, social, económico, para el país, que es la seguridad jurídica; es decir, que los derechos de todas las personas se puedan realizar y se respeten.
«No se puede hablar de un socialismo próspero y sostenible en el que no esté presente un nivel adecuado de seguridad jurídica», enfatizó, porque cuando las personas se retraen ante hechos que amenazan su tranquilidad, están siendo impactadas en su calidad de vida, y no tiene sentido hablar de una esperanza de vida alta si en la sociedad se entroniza el temor.
El asunto es de tal envergadura que los diputados hablaron desde la pasión, comentaron sobre la necesidad de fortalecer la prevención, la labor incansable desde la comunidad, la familia y todos los espacios posibles, siempre en una batalla a brazo partido contra la sensación de impunidad, vulnerabilidad o desidia.
Sin la activa participación de mujeres y jóvenes no sería posible el desarrollo turístico que hoy enfrenta nuestro país, se destacó en la Comisión de Atención a la juventud, la niñez y la igualdad de derechos de la mujer, cuyo tema cerró la jornada de trabajo de ayer.
Según informó Mayra Álvarez García, viceministra de Turismo, de los 111 mil 698 trabajadores que tiene el sector, el 47,9 por ciento son jóvenes menores de 35 años, mientras el 41,7 son mujeres, quienes tienen acceso a todos los cargos de las diferentes categorías ocupacionales.
Detalló que para la entrada de los jóvenes a este sector se les concibe un programa de acogida o bienvenida en el que siempre está presente el máximo jefe en cada nivel. También se realizan encuentros semestrales con los recién graduados y se garantiza que el graduado asignado se prepare en la plaza que ocupa o que va a desempeñar.
Distancia geográfica y diferencias culturales e idiomáticas no han impedido el avance de las relaciones y la cooperación entre Cuba y la extensa región de Asia y Oceanía, la cual goza de alta prioridad para la Mayor de las Antillas desde el mismo inicio de la Revolución, cuando con su ejemplo comenzó a sumar aliados.
Precisamente este año se está celebrando el aniversario 60 de la gira afroasiática del Comandante Ernesto Che Guevara, su primera misión oficial como representante del Gobierno cubano, que fue cimentando amistades imperecederas.
En la Comisión de Relaciones Internacionales intervino este miércoles Alberto Blanco Silva, director de Asia y Oceanía de la Cancillería cubana, para dar a conocer coincidencias y retos en foros y organismos internacionales entre Cuba y el área donde cohabita buena parte de las naciones más pobladas del planeta, junto a los Estados más pequeños y vulnerables, los insulares.De «impresionante» se califica el nivel de concertación, y en ello se destaca la posición de rechazo al bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba, expresada en la votación anual sobre la Resolución presentada ante la Asamblea General de la ONU.
Con el tiempo, las relaciones han alcanzado madurez y se han acentuado, estimó Blanco Silva, porque no dependen de coyunturas, sino que tienen raíces históricas profundas.
Existen, además, altos niveles de cooperación durante desastres naturales, y como ejemplo de ello, fue recordada la labor de brigadas médicas en Paquistán, Nepal, China y Fiji.
Los intercambios diplomáticos se han hecho más fluidos, y también las visitas al más alto nivel, entre las cuales se debe destacar, como expresión de la solidaridad con la región, la gira del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, que lo llevó en noviembre de 2018 a China, Vietnam, República Popular Democrática de Corea y Laos.
Asimismo se ponderó que en el 2020 también serán celebrados los 60 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y siete países asiáticos: India, Indonesia, Cambodia, China, Vietnam, Mongolia y la República Popular Democrática de Corea, lo que afianzará los lazos que nos unen fuertemente a pesar de las distancias.
Con los 14 pequeños Estados insulares del Pacífico existen muchos aspectos en común, como los desafíos que imponen el cambio climático y el mundo injusto y desigual en el que debemos desenvolvernos. Cuba tiene relaciones diplomáticas con estos países y se han identificado las posibilidades de cooperación y el entendimiento en la búsqueda de soluciones ante el peligro real de desaparecer.