Salim
París, 15 nov (RHC) El académico y ensayista francés Salim Lamrani consideró que la “revolución de color” promovida y financiada por Estados Unidos contra Cuba está condenada al fracaso ante la dignidad de los habitantes de la isla.
“Desde mi punto de vista está condenada al fracaso porque, a pesar de las dificultades y vicisitudes cotidianas que hay en la isla, ningún cubano digno de su nombre está dispuesto a aliarse al gobierno estadounidense, el enemigo histórico de la soberanía y de la independencia de Cuba”, comentó Lamrani en declaraciones a Prensa Latina.
De acuerdo con el estudioso de las relaciones entre Washington y La Habana, el país norteño intenta aplicar a la mayor de las Antillas la misma fórmula de cambio de régimen utilizada en otras naciones, conocida como una “revolución de color”.
La nueva cruzada contra Cuba y su Revolución consiste en la convocatoria a movilizaciones antigubernamentales bajo la etiqueta de pacíficas, en las que pequeños grupos financiados desde el exterior sirven de punta de lanza del cambio de régimen, apoyados con un despliegue tal vez inédito de propaganda y manipulación en las redes sociales y los medios de comunicación.
Lamrani recordó que desde 1959 uno de los principales pilares de la política exterior de Estados Unidos hacia su vecino ha sido la organización, el asesoramiento y la financiación de una oposición interna para derrocar al gobierno revolucionario.
“Durante 30 años, hasta 1991, era una política secreta y clandestina. Desde 1992 con la adopción de la Ley Torricelli es un objetivo declarado, público y admitido por Washington, ya que el artículo 1705 de dicha ley prevé un presupuesto para la oposición cubana en la isla”, señaló.
El profesor universitario agregó que también la Ley Helms-Burton, que sigue vigente como la Torricelli, recoge el financiamiento a la oposición en Cuba en el artículo 109, iniciativas a las que habría que añadirles los informes adoptados en 2004 y 2006 por el entonces presidente George W. Bush para aportar dinero a grupúsculos contrarrevolucionarios.
En su diálogo con Prensa Latina, Lamrani alertó que no pueden asumirse estos actos de injerencia como normales ni ignorar el derecho de los agredidos a defenderse.
“Según el Derecho Internacional, es ilegal financiar a una oposición en un tercer país, ya que viola el principio de no-injerencia en los asuntos internos de las naciones soberanas”, subrayó.
Asimismo, manifestó que desde el punto de vista legal, cualquier Código Penal del mundo considera un delito recibir ayuda de una potencia extranjera cuyo objetivo es subvertir el orden establecido, una grave violación de la ley que enfrentaría las más severas sanciones.
En Francia, el artículo 411-4 del Código Penal expresa que recibir ayuda de una potencia extranjera con el objetivo de atentar contra los intereses fundamentales de la nación es pasible de 30 años de prisión, abundó.
(PL)
