Fotos: Marcelino Vázquez Hernández. ACN.
La Habana, 15 may (RHC) Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular -ANPP-, en su IX Legislatura, aprobaron este domingo la Ley de Ejecución Penal que moderniza la ejecución de las sentencias penales en el país, a la vez que concentra y sistematiza los procederes que sobre la materia estaban regulados de manera dispersa.
Durante la V sesión extraordinaria del máximo órgano legislativo, Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular -TSP-, señaló que la normativa tiene como premisa fundamental el carácter humanista de la Revolución, bajo el principio constitucional de respeto a la dignidad de las personas y la prohibición de todo tipo de discriminación a la dignidad humana.
El proyecto de ley del Código Penal, documento que en su elaboración participaron notables académicos de universidades cubanas y varios sectores de la sociedad, se debate hoy en la V Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, de esta capital.
La ley presenta como elemento novedoso la inclusión de un enfoque de género para la ubicación de los reclusos en los establecimientos penitenciarios y un tratamiento educativo, médico y especializado diferenciado por razón de género, orientación sexual o afectaciones severas que puedan presentar por coexistir la condición de victimaria-víctima.
Remigio Ferro dijo que por primera vez se regula el procedimiento para la ejecución de las sanciones principales y accesorias impuestas a las personas jurídicas en el ámbito penal, para lo que se definen las formas de actuación en aras de garantizar su cumplimiento eliminando la ausencia normativa que regía sobre este particular.
El presidente del TSP refirió como novedad también el establecimiento de fines educativos, preventivos y coercitivos que deben cumplirse durante la ejecución de las sanciones penales y se precisan los principios y derechos, deberes y garantías que rigen el cumplimiento de la medida cautelar de prisión provisional, las sanciones penales y las medidas de seguridad posdelictivas.
La norma reconoce los derechos esenciales de las personas privadas de la libertad a través del acceso al trabajo y al estudio, visitas de familiares, consulares y de parejas de hecho u otras personas afectivas, así como tener la oportunidad de recibir asistencia jurídica y entrevistas con sus abogados, agregó.
Explicó que con la ley se cumplen los derechos constitucionales al prever un tratamiento diferenciado durante el proceso de cumplimiento para los sancionados en situación de vulnerabilidad.
La Ley de Ejecución Penal dota de mayores garantías, inclusión y transparencia los procesos de ejecución de las sentencias, acotó.
Al presentar el dictamen de la normativa, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, destacó que en toda reforma penal es necesario considerar tres aspectos esenciales: el Código Penal (aprobado hoy), el proceder de los tribunales de justicia, regidos por la Ley No. 140, y la ley de Ejecución Penal, sometida a discusión este domingo.
Según el diputado, para que un sistema penal cumpla cabalmente su cometido de formalización del control social, no basta solo con que el Código Penal sea adecuado en cuanto a técnica y dogmática, sino que se requiere de magistrados y jueces competentes y una ejecución efectiva de las sanciones penales, dentro de una administración penitenciaria eficiente.
Con la aprobación de la normativa conformamos de manera acabada el proceso de reforma de nuestro sistema de justicia penal, que tiene su fundamento en los principios trazados por la Constitución de la República, aprobada el 10 de abril de 2019, señaló.
(Fuente: ACN).
