Parlamentarios cubanos. Foto: Miguel Guzmán
La Habana, 25 may (RHC) Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, Parlamento) evalúan este jueves el proyecto de Ley de Comunicación Social durante la segunda sesión extraordinaria del órgano legislativo en la X Legislatura.
El presidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Alfonso Noya expresó que la normativa tiene como objeto regular el sistema de la comunicación para la gestión estratégica e integrada en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales.
La ley pretende, además, establecer los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país.
Noya subrayó que esta versión, la número 34, es más sólida, madura e integral que la entregada en el mes de diciembre a la ANPP y cuenta con un nivel superior de consenso académico, profesional y social, logrado sobre la base del diálogo y la atención a cada opinión.
El nuevo proyecto registra 69 cambios de contenido y forma, que representan un 59,48 por ciento de transformación respecto al texto original de la versión 33 sometida a la segunda consulta con los diputados.
El presidente del IICS explicó a los diputados que la propuesta se sustenta en los principales pronunciamientos, acuerdos y documentos programáticos emanados de los diferentes congresos del Partido Comunista de Cuba, y responde de manera coherente a la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno de la isla.
En el orden jurídico, el proyecto respalda el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación y la voluntad política del Estado que la considera un pilar esencial de su gestión.
Recordó que la creación de la norma, inicialmente como Decreto-Ley, es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva en el que participaron profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones.
El proceso abarcó, también, encuentros con personas que se convocaron para dialogar sobre sus preocupaciones acerca del contenido del proyecto. En estas conversaciones primó un ambiente constructivo.
Noya propuso realizar una evaluación anual en el Consejo de Ministros sobre la implementación de la norma. (Fuente: Prensa Latina)