Hace 63 años, Kennedy ordena bloqueo a Cuba. Imagen: Archivo/MC
La Habana, 3 feb (RHC) El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, denunció hoy que los daños ocasionados por el bloqueo impuesto a su país desde hace 63 años son innumerables y afectan a todos los sectores de la sociedad.
El jefe de Gobierno recordó en la red social X que el 3 de febrero de 1962 el entonces presidente de la nación norteña, John F. Kennedy, mediante la orden ejecutiva 3447 legalizó el cerco económico, comercial y financiero contra el país caribeño.
Desde esa plataforma, el canciller Bruno Rodríguez subrayó que “son 63 años de implementación de esa criminal política hostil de asfixia económica y castigo a las familias cubanas”.
Según autoridades cubanas, la política estadounidense provocó pérdidas a la isla por valor de cinco mil 56,8 millones de dólares, entre marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024.
En tanto, la afectación aproximada mensual es de más de 421 millones de dólares, más de 13,8 millones de dólares diarios, y más de 575 mil 683 dólares en daños por cada hora de bloqueo.
El pasado 30 de septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó con 187 votos a favor, dos en contra y una abstención, la trigésima segunda resolución que exige el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Las delegaciones de Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras que Moldavia se abstuvo.
La resolución insta a los estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas coercitivas, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación.
En varios foros internacionales, Cuba ha denunciado que el bloqueo es la piedra angular de la política de máxima presión contra la isla caribeña.
La prolongación de las medidas unilaterales de mayor impacto sobre el pueblo y la economía continúan reproduciendo y agravando los efectos devastadores del cerco, el más prolongado y abarcador de la historia.
Esa política se mantiene con el objetivo histórico de deprimir la economía y los salarios, crear carencias materiales y daños a los servicios públicos, provocar insatisfacción y desesperación en la población y subvertir el orden constitucional legítimamente establecido. (Fuente:PL)