La Habana, 5 de mar (RHC). La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando los argumentos contra una ley aprobada por el estado de Texas en 2013 que ha impuesto severas restricciones al aborto y ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas que practicaban estos procedimientos en ese estado.

La ley en la que se enfoca el caso en cuestión, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, es la House Bill 2, y exige a las clínicas de aborto cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital. Además, pide que sus médicos tengan privilegios de admisión en un centro hospitalario que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubique el lugar para abortos por si hay emergencias.
 

Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión que llega al Supremo desde 1992, cuando la Corte determinó que los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto “cargas innecesarias” que “tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable”. Lo que tiene que decidir en junio el alto tribunal es si la ley de Texas impone esas “cargas innecesarias”, aunque se espera un empate 4-4 entre demócratas y conservadores. Si eso llegara a ocurrir, la ley #HB2 seguiría vigente.
 

La decision se dará en plena campaña electoral. Además, por primera vez desde 2008, creció en 2015 el número de estadounidenses que se consideran “provida”, un 44% frente al 50% que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre el embarazo, según los últimos datos de la consultora Gallup de mayo del año pasado.
 

Abortar en Estados Unidos es legal desde el año 1973 (Roe v. Wade), sin embargo, desde entonces, distintas iniciativas han intentado frenar la legislación abortista. La normativa vigente se rige por el caso Planned Parenthood v. Casey (1992), que asegura que los estados pueden establecer restricciones, con tal de que no representen un obstáculo sustancial para que una mujer pueda abortar.
 

El debate entre opositores y defensores
 

Los grupos provida que apoyan la discusión aseguran que solo buscan proteger a las pacientes para que quienes se practiquen abortos tengan acceso a tratamientos de emergencia, por si ocurren complicaciones.
 

La organización And Then There Were None-Prolife Outreach está orgullosa de haber participado a través de un escrito en el debate, argumentando la absoluta necesidad de aumentar las condiciones de seguridad en las clínicas de aborto, expresó la lider provida Abby Johnson en sus redes sociales.
 

Sin embargo, las organizaciones feministas creen que las medidas no tienen nada que ver con mejorar la salud reproductiva de la mujer, sino limitar el acceso al aborto y cerrar los centros de salud.
 

Tanto la American Medical Association como el American College of Obstetritians and Gynecologists aseguran que no hay bases médicas para estas exigencias.
 

A su vez, el Gobierno del presidente Barack Obama dio su apoyo a los grupos feministas a través de su abogado Donald Verrilli, quien dijo a los jueces que si mantienen la ley de Texas, “lo que dirán es que existe ese derecho (al aborto) en teoría, pero no en realidad”.