Por: Roberto Morejón

En España, donde viven casi 4 millones de personas en pobreza severa, una anciana de 81 años murió recientemente por un incendio en su vivienda provocado por una vela, encendida por tener la luz cortada ante la imposibilidad de pagar la factura.

La anécdota dramática tuvo despliegue noticioso porque refleja la apremiante situación de crecientes segmentos de la población, impedidos de alcanzar estándares mínimos de vida.

Uno de cada tres niños sufre riesgo de pobreza en España, pero el gobernante Partido Popular dice que el país va en lo que llama "dirección correcta" para mitigarla.

El camino propicio, según esa lectura, es continuar con el neoliberalismo complacientemente impulsado por el jefe de gobierno Mariano Rajoy, quien recortó brutalmente los gastos públicos.

Rajoy pretextó reducir así el déficit presupuestario y acatar las exigencias de los organismos financieros europeos.

Si bien esas entidades felicitaron a España por los tijeretazos, los ciudadanos de menor poder adquisitivo en un país con más de 20 por ciento de desempleo, sufrieron los rigores de la rebaja de amparo financiero a servicios vitales.

Así ocurre con el suministro de energía a los hogares. España se ubica a la cabeza del listado de los países europeos con facturas de luz más caras.

El Ayuntamiento de Reus, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, anunció acciones legales contra la compañía de suministro eléctrico por NO notificar a los Servicios Sociales del corte de luz.

Así lo prevé una ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Hablamos de la incapacidad de acceder a la cantidad mínima de servicios de energía para los requerimientos básicos, como mantener la temperatura adecuada.

La anciana fallecida vivía precisamente en Reus y había solicitado ayuda al ayuntamiento para hacer frente al pago del recibo del agua.

Según el informe sobre pobreza energética en España, en el año 2014 más de 5 millones de personas, o sea, 11 por ciento de los hogares, se declararon incapaces de calentar sus hogares en invierno.

A pesar de la necesidad de la calefacción, las principales distribuidoras en España registraron más de 500 mil cortes del suministro eléctrico en 2016 por el impago de los usuarios, es decir, 6 por ciento más respecto al año anterior.

Además de ascender el valor del comprobante de la luz, se suman a los gastos de las familias españolas otros factores económicos de la crisis.

Es el caso de los procesos de desahucios de los moradores con dificultades para pagar el alquiler de sus viviendas.

Mientras centenares de miles de españoles viven amenazados por expulsiones de sus hogares y el corte de luz, las compañías inmobiliarias y de la rama eléctrica amasan fortunas.