por Roberto Morejón

El congelamiento del gasto federal en Brasil durante 20 años impulsado por el presidente Michel Temer traerá consecuencias desastrosas para los segmentos populares, por el declive de inversiones en sistemas básicos como educación y salud.

Uno de los aciertos de los cambios constitucionales incorporados después de la dictadura en Brasil fue la creación del Sistema Único de Salud.

La Carta Magna determinó que la salud es un derecho de todos garantizado por el Estado con acceso universal e igualitario a los servicios mediante un sistema público financiado con recursos fiscales.

Muchos brasileños coinciden en las insuficiencias de esa modalidad de asistencia diseñada para atender necesidades de las personas sin recursos.

Pero reconocen que abrió el acceso a 60% de la población o cerca de 115 millones de personas a programas elementales.

Los gobiernos de los ex presidentes Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff enfatizaron en la estrategia de medicina familiar y la formación de médicos con incentivos salariales para reducir la resistencia a trabajar en zonas alejadas y pobres.

A lo anterior se sumó el Programa Más Médicos, bajo un convenio con Cuba a través de la Organización Panamericana de la Salud, al que se incorporaron profesionales de otros países.

Sin embargo, la atención sanitaria es un espacio de amargas fricciones en Brasil.

Los aseguradores y prestamistas privados hacen lobby en el congreso a favor de prerrogativas para la medicina privada.

En ese contexto, el presidente Michel Temer, quien asumió luego de un golpe de estado parlamentario contra Dilma Rousseff, se propuso desmontar el subsidiado Sistema Único de Salud, de acuerdo con su óptica neoliberal.

La aprobada enmienda constitucional prácticamente paralizó los fondos públicos de salud durante 20 años y haría insostenible el programa con alcance popular.

La reforma al presupuesto, al igual que muchas de las políticas de Temer, dañará a los ciudadanos más vulnerables durante las próximas décadas.

La noticia no podía ser más demoledora en uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

De acuerdo con The New York Times, 37% de los residentes en barrios de la ciudad de Sao Paulo tienen una esperanza de vida de menos de 65 años y en el caso de la población rural pobre es aún menor.

Como Brasil es dirigido por un político que de efectuarse elecciones generales obtendría apenas 5% de los votos, Temer cree tener un cheque en blanco para apretar el acelerador de los recortes de gastos, sin miramientos con los perjudicados, pues alega no tener nada que perder.