por Guillermo Alvarado

Como parte de la política del cambio prometida a los argentinos, el gobierno presidido por Mauricio Macri puso en práctica un nuevo y desmedido incremento en la tarifas de la energía eléctrica, que oscila entre 60 y 145% y afectará a más del 40% de la población, en particular a los más pobres y desprotegidos.

Estos aumentos sumados a los ejecutados durante el año pasado significan que los hogares en esa nación latinoamericana pagan ahora 1 600% más caro un servicio que es indispensable, sobre todo de cara al venidero invierno austral, cuando las temperaturas descienden notablemente.

Por si eso fuera poco, se anunció que en noviembre habrá otro “tarifazo” del 19% y será seguido por uno más en febrero de 2018, de 17 puntos.

Todo esto afectará de manera notable la calidad de vida de muchas familias, que ya debieron reducir sus gastos en renglones sensibles, como la alimentación, pues hay muchos que ahora comen menos, o compran productos de inferior calidad para ajustar sus ya menguados presupuestos.

Los especialistas señalan también que insistir en constantes alzas en los precios de servicios a la población, en momentos en que la economía argentina está aún en plena etapa de recesión a pesar de una modesta alza en el último trimestre del año pasado, no hace sino incrementar la inflación, que en 2016 fue de 41%.

Aunque Macri, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, no cesa de afirmar que en 2017 el país saldrá de sus problemas económicos, el panorama no es bueno.

Además de la energía eléctrica, también sufrirá aumentos del 35% la llamada “tarifa social”, lo que se reflejará en un incremento de precios en el transporte público, sobre todo en el metro, los combustibles y peajes, sin contar con los que se esperan en el agua y el gas.

De acuerdo con la periodista Estela Calloni, los servicios serán impagables para un gran sector de la sociedad, pero también afectarán a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales proveedoras de puestos de trabajo en todo el país.

En el lado contrario, el gobierno “del cambio” prevé nuevos y jugosos beneficios para lo grandes consorcios, así como para las firmas que fueron privatizadas, entre ellas precisamente varias vinculadas al sector de la energía, que seguirán recibiendo fondos estatales durante un período no especificado, lo que consiste, ni más ni menos, en un subsidio, una práctica que Macri dice combatir.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, aseguró que se trata de un verdadero latrocinio contra el pueblo, que está pagando con su bolsillo los enormes beneficios que reciben un pequeño grupo de empresarios.

Solano llamó a luchar contra los tarifazos, investigar las cuentas de las privatizadas para saber de qué forma se están gastando los fondos públicos que reciben y que se cree una comisión independiente para determinar los costos de producción, transporte y distribución de electricidad y conocer así cuál es su precio real.

No han necesitado mucho tiempo lo argentinos para vivir en carne propia la naturaleza del cambio propuesto por Macri a la nación, una vuelta al neoliberalismo en su versión más brutal y salvaje.