por Guillermo Alvarado

Numerosas críticas surgieron en estos días contra una polémica ley aprobada en el parlamento israelí, que pretende legalizar miles de viviendas clandestinas construidas por colonos en territorios palestinos de Cisjordania, un acto considerado como un robo de propiedades que atenta contra una solución al conflicto entre los dos pueblos.

Durante una visita a Francia, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas, dijo que su gobierno está comprometido con el proceso de entendimiento para solucionar las diferencias con el Estado sionista, pero que hay límites que se deben respetar.

Abas y su anfitrión, François Hollande, consideraron que esa legislación israelí constituye un atentado a la solución de esa crisis en el Oriente Medio, que pasa por la creación y el reconocimiento de dos países soberanos que sean capaces de convivir en paz con las fronteras existentes antes de 1967.

El 15 de enero pasado representantes de 75 países y organizaciones internacionales se reunieron en París para abordar esta situación y enviaron una advertencia al primer ministro sionista Benjamín Netanyahu sobre las consecuencias de la política de construir colonias en territorios palestinos ocupados.

Sin embargo, esta semana el parlamento israelí aprobó una ley que legaliza miles de viviendas edificadas en los últimos años sobre terrenos propiedad de ciudadanos palestinos, lo que constituye un aval para la usurpación de territorios ajenos.

La representante para política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, censuró la iniciativa legal israelí y aseguró que con esa medida Tel Aviv está cruzando un peligroso umbral.

Según la jefa de la diplomacia del bloque europeo, esa ley constituye una forma de apropiarse de los derechos de propiedad palestinos en territorio ocupado.

Advirtió que si esa legislación es ratificada “consolidará aún más la realidad de desigualdad de derechos de un solo Estado y la ocupación y el conflicto perpetuos".

Las reacciones ocurrieron incluso dentro de Israel, donde dos organizaciones humanitarias hebreas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que se consume la legalización del robo de propiedades palestinas.

El grupo Adalah y el Centro de Ayuda Legal y de los Derechos Humanos de Jerusalén buscan evitar que la iniciativa tenga vigencia y legalice las colonias denominadas “salvajes”, como se conoce a las viviendas edificadas sin consentimiento explícito del gobierno sionista.

Hasta ahora Israel había establecido una diferencia entre las colonias reconocidas y las "salvajes", pero esta legislación les daría un mismo tratamiento.

Por ser Cisjordania un territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967, el derecho internacional considera que todos esos asentamientos son ilegales.

Se trata en suma de un proyecto de Tel Aviv para impedir una solución a un conflicto creado desde finales de la primera mitad del siglo pasado, que ha causado cientos de miles de víctimas y sufrimientos al pueblo palestino, que reclama la intervención de la comunidad internacional para restaurar el orden en ese territorio del planeta.