por Roberto Morejón
El gobierno brasileño encabezado por el presidente Michel Temer, quien asumió después de un golpe parlamentario, sigue en el vórtice de las críticas de la opinión pública por su cuestionado plan de modificación de pensiones y la negativa a mejoras en el campo.
Si bien las protestas de diversos sectores llevaron al gobierno a reconsiderar su drástica propuesta inicial de reforma de jubilaciones, el texto genera aún desaprobación porque desmontaría conquistas, sobre todo, de los trabajadores públicos.
La versión definitiva de la reforma del sistema de pensiones se basa en una oferta de enmienda constitucional que rebajaría la edad mínima para el retiro y los años de contribución al fondo para esa prestación.
Es cierto que el último ofrecimiento rediseña una parte del texto original repudiado por la población, pero mantiene inalterable 70 por ciento del articulado porque, según el gobierno, constituye parte crucial de un profundo ajuste fiscal.
Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y las principales centrales sindicales consideran que las reformas de las pensiones y la legislación laboral van en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los gremios desconfían de las alegaciones gubernamentales sobre un faltante de recursos para sostener los fondos de pensiones.
Esas organizaciones recuerdan que Temer inserta el sistema de pensiones dentro de la reducción abrupta de gastos para los próximos 20 años, como parte de las recetas neoliberales.
Mientras los brasileños cuestionan las maniobras sobre el esquema de jubilaciones y denuncian el desempleo, en los campos aumentan dramáticamente las ocupaciones de tierras y otras señales de irritación.
Miles de integrantes del Movimiento de los Sin Tierra, cuyas demandas fueron atendidas adecuadamente por los expresidentes Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, reclaman a Michel Temer una reforma agraria.
Comienzan a proliferar las imágenes poco edificantes para el gobierno de 120 mil familias en Brasil hacinadas en campamentos improvisados.
Al acampar transitoriamente y ocupar haciendas improductivas, los hombres y mujeres del campo exigen la expropiación de terrenos baldíos y latifundios para redistribuirlos entre familias sin superficies para labrar.
En una palabra, los brasileños demandan una reforma agraria suspendida después del golpe contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff en 2016.
Michel Temer, calificado de traidor por Dilma, se expone a una mayor impopularidad, hoy en niveles récord, si sigue manejando según los cánones de las reglas del mercado situaciones tan apremiantes como las de las pensiones y de la entrega de tierras.
