Por María Josefina Arce.

El presidente Michel Temer ha encontrado notables obstáculos para aprobar su criticada reforma de pensiones, un proyecto presentado por su gobierno NO electo como necesario para reducir el déficit presupuestario, pero que es rechazado por ocho de cada 10 brasileños, que lo califican como un atropello a los derechos de los trabajadores.

La realidad es que Temer no ha sido capaz aún de asegurar los 308 votos necesarios para aprobar la medida, a pesar de la serie de reuniones que ha mantenido en las últimas semanas con jefes de partidos aliados.

Incluso ha tenido que lidiar con el hecho de que el principal aliado del gobierno, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña anunció recientemente su decisión de abandonar la alianza con el presidente, lo que ha creado gran incertidumbre sobre cuál será finalmente su voto.

A esto se ha sumado que en los últimos días perdió un enlace clave en el Congreso. El diputado Antonio Imbassahy renunció a su cargo de ministro de la Secretaría de Gobierno en el que actuaba como intermediario entre Temer y el órgano legislativo.

Ante lo infructuoso de sus gestiones el gobernante acordó con líderes legislativos demorar la votación en la Cámara de Diputados hasta la semana del 18 de diciembre, que de ser retrasada para el venidero año, estiman los analistas, reduciría la probabilidad de que la impopular medida sea sancionada.

El hecho es que a partir de enero los partidos empiezan a prepararse para las elecciones de 2018 y es probable que aumente el número de parlamentarios reacios a dar su apoyo a una reforma que es rechazada por buena parte de la opinión pública.

Según un sondeo de principios de mes, la mayoría de los congresistas manifestó estar en contra de la reforma, y más de cien no quisieron dar su opinión al respecto.

A pesar de que ha sido modificada en algunos de sus aspectos, lo cierto es que la iniciativa no logra el consenso necesario y ha sido motivo de críticas incluso de la iglesia católica.

El proyecto busca aumentar la edad a la que los brasileños se pueden jubilar y cobrar la seguridad social. También haría que los pagos por pensiones en Brasil, uno de los más generosos en el mundo, sean más modestos.

Las autoridades intentan aplacar las críticas remarcando que la reforma acabará con "privilegios", pero lo cierto es que las pensiones de los militares, cuyo pago consume una astronómica suma no se van a tocar.

No es esta la primera medida del gobierno neoliberal de Temer que ha movilizado masivamente a los brasileños, que ya han salido a las calles por el congelamiento del gasto público por 20 años y la controvertida reforma laboral, dos polémicas iniciativas que atentan contra los derechos de la gran mayoría de la sociedad.

La realidad es que desde que llegara al poder mediante un golpe parlamentario Temer ha puesto en marcha una política neoliberal que ha significado un retroceso de todo lo alcanzado durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores.