Por Guillermo Alvarado

Las muestras de descontento y rechazo hacia el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, son cada vez más contundentes dentro y fuera de ese país, donde las autoridades realizan una auténtica cacería contra dirigentes sociales, sindicalistas y periodistas comprometidos con divulgar la verdad.

Este fin de semana se publicó una carta firmada por cientos de personalidades de la región y Europa, entre ellos siete expresidentes latinoamericanos, donde denuncian la persecución de que es objeto el editor del diario Página 12, Víctor Santa María, quien desde hace tiempo viene siendo hostigado por aparatos policiales y de justicia.

La misiva lleva las rúbricas de los antiguos mandatarios Rafael Correa, de Ecuador; Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; José Mujica, de Uruguay; Ernesto Samper, de Colombia; Fernando Lugo, de Paraguay; y José Manuel Zelaya, de Honduras.

Los firmantes condenan las operaciones mediáticas que llevan a cabo grandes consorcios de comunicación, afines al ejecutivo de Macri, que tienen como objetivo silenciar las voces críticas, sembrar la confusión y la desconfianza entre la sociedad hacia quienes cuestionan las políticas neoliberales que vuelven a imponerse en numerosos países del continente.

Señalan que la persecución política, judicial y mediática apunta hacia periodistas, dirigentes sociales y sindicales y a todo aquel que no esté alineado con los intereses gubernamentales.

Una situación particularmente tensa se vive en estos días en la región minera de Santa Cruz, en la Patagonia, donde 200 trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales fueron despedidos en los últimos días y hay otros 500 en el listado de quienes perderán sus empleos, lo que ha dado lugar a numerosas protestas reprimidas con dureza por la policía.

La cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció operativos conjuntos en toda la Patagonia y además ordenó a la policía no pedir autorización a ningún juez para actuar contra los manifestantes, lo que viola la Constitución argentina.

Recordemos que a mediados de diciembre pasado se perpetró la más grande y brutal represión policial en Buenos Aires desde el fin de las dictaduras militares, en 1983, cuando grupos de manifestantes, entre ellos diputados de oposición y periodistas, fueron golpeados con dureza.

Macri tampoco ha dado respuesta a los familiares de la tripulación del submarino San Juan sobre la naturaleza exacta y las causas de su hundimiento. Las demandas crecen en la medida que se conocen documentos que ponen en duda el buen estado de la nave cuando fue enviada hacia la región sur del Atlántico.

No se ha dicho, por otra parte, por qué no se pidió autorización al Congreso, como manda la Carta Magna, para realizar en esa zona ejercicios militares conjuntos con tropas de Estados Unidos, Reino Unido y Chile.

El presidente que prometió un cambio a los argentinos está dividiendo cada vez más a la sociedad y la pregunta que comienza a flotar en el ambiente es si llegará al final de su mandato o tendrá un fin abrupto, como el de su antecesor Fernando de la Rúa.