Por Guillermo Alvarado (RHC)

A punto de cumplirse este viernes el primer aniversario del asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en el estado mexicano de Chihuahua, el comunicador Leobardo Vásquez fue abatido a tiros en Veracruz, convirtiéndose así en el tercero en morir este año en ese país.

Esta se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas en un país que supuestamente vive en democracia, pero donde en 2017 fueron asesinados 12 periodistas, igual cantidad de muertes en ese sector ocurridas en Siria, azotada por una guerra impuesta desde el exterior y que cumplió ya siete años.

Las defunciones son lamentables, pero más aún resulta la inutilidad demostrada por los aparatos de policía y justicia, que no han logrado, o no han querido, desentrañar uno sólo de estos casos.

En todo caso las autoridades insisten en culpar al crimen organizado, pero la agrupación “Artículo 19”, que monitorea la situación, reveló que de las mil 986 agresiones ocurridas en los últimos cinco años contra quienes ejercen el oficio de informar, sólo 8 por ciento fueron responsabilidad de delincuentes y el 48 por ciento corresponden a funcionarios públicos.

Y es que los asesinatos apenas representan la punta del iceberg, debajo de la cual se acumulan una serie de actos hostiles hacia la prensa, que van desde amenazas, insultos, llamadas intimidatorias y denuncias por supuesta difamación, hasta agresiones físicas, desapariciones y, por supuesto, atentados mortales.

Los dos últimos sexenios, el de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 hasta noviembre de 2012, y el actual de Enrique Peña Nieto, son los más sangrientos en la historia reciente de México, pero la ejecución de comunicadores comenzó antes.

El 30 de mayo de 1984 fue abatido de cuatro disparos por la espalda Manuel Buendía, uno de los mejores periodistas que haya existido en esa nación, en lo que fue considerado como el primer asesinato de la narcopolítica mexicana.

Buendía, además de desenmascarar a varios oficiales de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana asentados en México, también descubrió los vínculos entre José Antonio Zorrilla, entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la tenebrosa policía política ya extinta por fortuna, y bandas del narcotráfico.

Quizás una diferencia entre aquella época y la actual estriba en que Zorrilla fue descubierto cinco años después y condenado a 35 años de cárcel, mientras que en nuestros días la impunidad rodea al 99,6 por ciento de los casos.

Si bien hay estados más peligrosos que otros, como Veracrúz, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Tamaulipas y Sinaloa, las agresiones contra los periodistas se extendieron prácticamente por todo el territorio nacional.

Ante las críticas el gobierno creó dos entidades: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en 2010, y el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en 2012, pero en la práctica el fenómeno no hace sino aumentar y ya nadie duda de que, lamentablemente, México es el país de nuestro continente más peligroso para ejercer ese oficio.