Por María Josefina Arce.

La campaña con vista a las elecciones generales de mayo en Colombia se reanudó este lunes, en medio de la inseguridad y el asesinato de dirigentes sociales, un problema que a casi dos años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la otrora insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo sigue afectando a la sociedad.

De acuerdo con las informaciones, en los últimos días fue muerta a tiros por desconocidos la líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, en el centro del país.

Cruz Rojas, ultimada delante de su esposo e hijo, se suma a la larga lista de activistas sociales que han sido asesinados en los últimos meses, un fenómeno de tal magnitud que el gobierno se ha visto obligado a reconocer.

La dirigenta campesina encabezaba el movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán, una zona que durante años fue escenario del conflicto armado y refugio de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia.

Bien conocida por sus constantes crímenes es esa agrupación militar de extrema derecha, nacida en la década del noventa del siglo pasado. Precisamente en Mapiripán llevaron a cabo una masacre de la población civil, provocando decenas de víctimas fatales.

Recuerdan los analistas que las Autodefensas Unidas de Colombia marcaron una de las épocas mas sangrientas de la historia del país, en la que se registrarían mas de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en territorio colombiano.

Ahora los líderes sociales están en la mira de elementos que pretenden frenar la implementación de los acuerdos de paz y que no dejan a la sociedad sanar sus heridas, luego del fin de un conflicto armado de más de cinco décadas.

La organización Somos Defensores publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que aseguraron que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017.

El estudio detalla que el año pasado 'en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia', mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió 'tomar medidas urgentes' para proteger a los dirigentes sociales debido al alto número de asesinatos registrados en los últimos meses.

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Carmenza Gómez Ortega, las muertes de líderes sociales en el país sudamericano son sistemáticas y selectivas, pues son asesinados quienes participan en las organizaciones campesinas y en el proceso de promover el cumplimiento de los acuerdos de paz y la sustitución de cultivos ilícitos.

"Son dirigentes que han venido participando en discusiones, en propuestas, no son casos aislados, son compañeros que hacen parte de los procesos, de las organizaciones", dijo la dirigente agraria.

Aunque los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle, Córdoba y Chocó son los que más número de líderes asesinados registran, el fenómeno se ha extendido a casi todo el territorio nacional, alertan organismos de derechos humanos.

La realidad es que los dirigentes sociales son objeto de amenazas y detenciones arbitrarias y hasta el momento no se han adoptado medidas efectivas que pongan coto a esa situación que amenaza la implementación de los histórico acuerdos de paz alcanzado en La Habana y que no permite al pueblo colombiano dejar atrás el pasado.