Por: Guillermo Alvarado

El incremento desmesurado del precio de los combustibles en Haití, medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, FMI, al gobierno del presidente Jovenel Moise provocó un levantamiento popular durante el fin de semana que continuó con una huelga general de dos días para rechazar la decisión.

La cólera fue desatada por el anuncio el viernes reciente de que al día siguiente entraría en vigor un fuerte ajuste del 37 por ciento en el valor de las gasolinas, 40 por ciento en el diésel y 50 por ciento en el kerosén.

Para muchas familias que no tienen acceso al gas ni la electricidad, este último producto es vital, tanto para cocinar los alimentos como para iluminar sus viviendas.

Al menos la mitad de los haitianos viven por debajo del umbral de la pobreza y su situación es muy sensible a cualquier alza de los precios, en particular en los artículos de primera necesidad, lo que explica la airada reacción de las personas que de manera espontánea salieron a las calles para levantar barricadas en señal de protesta.

La situación degeneró en saqueos en tiendas y supermercados, algunos de los cuales fueron destruidos, al igual que dos estaciones de la policía que, de manera inédita, se acuarteló y se negó a cumplir las órdenes de reprimir a la población.

Al menos tres personas fallecieron durante las revueltas, varias decenas sufrieron heridas y las pérdidas se calculan en millones de dólares. Ante la magnitud del rechazo el gobierno dio marcha atrás al alza de los combustibles, lo que no consiguió calmar del todo los ánimos.

Con el aumento de precios las autoridades pretendían cumplir una exigencia del FMI que consiste en suprimir las subvenciones a los combustibles valoradas en unos 100 millones de dólares.

Haití, la nación más empobrecida del hemisferio, está bajo el control de esa institución multilateral de crédito, que impone severas medidas de ajuste a cambio de mantener los créditos para que la economía salga apenas a flote, lo que castiga a los más pobres, que son la mayoría.

Una buena parte del presupuesto gubernamental se dedica a gastos de funcionamiento del Estado, en particular del Organismo Legislativo que aprovechando su capacidad para aprobar o no los proyectos anuales, se queda con una buena tajada.

En el período 2018-2019 la Cámara de Diputados y el Senado se recetaron 100 millones de dólares, en tanto el aparato judicial apenas recibirá 32,8 millones y el ministerio de la Juventud, Deporte y Acción Cívica tendrá 16 millones. Además, los legisladores no tienen obligación de rendir cuentas de sus gastos.

Aunque una tensa calma ha regresado a la capital, Puerto Príncipe, y otras ciudades del país, la crisis está lejos de haber pasado y durante una reunión del ejecutivo con los otros poderes del Estado se habló de la necesidad de que el primer ministro, Jack Guy Lafontant, se aparte del poder.

De todas maneras el presidente Moise no tiene muchas opciones en su intento de contentar al mismo tiempo a la población disgustada, a los sectores más conservadores de su gobierno y al FMI, por lo que cualquier solución que busque le traerá severas consecuencias, vengan del lado que vengan.