Por María Josefina Arce (RHC)

Lo que muchos argentinos temían con la intervención nuevamente del FMI, Fondo Monetario Internacional, en la economía del país sudamericano va cobrando forma. Las exigencias del organismo financiero podrían derivar en más recorte en la inversión pública.

De acuerdo con las informaciones, en lo que va de año los intereses del pago de la deuda argentina adquirida por el gobierno del presidente Mauricio Macri ya han superado la inversión pública en un sesenta por ciento.

La situación puede complicarse en los próximos meses con el plan de ajuste que impone el FMI, conocido por sus políticas que hunden en la pobreza a millones. Los argentinos se enfrentan a un panorama incierto en el que está en peligro la supervivencia de las familias.

Y aunque las autoridades afirman que la ayuda a los sectores más vulnerables quedará fuera del recorte, la afirmación crea serias dudas en la sociedad, que ha visto un deterioro de las condiciones de vida de muchos.
 
Sin embargo, el gobierno revisará lo que calificó de irregularidades en asignaciones, jubilaciones y pensiones, para, de acuerdo con su discurso, dar una mayor sustentabilidad al sistema, lo que ha despertado cierta suspicacia.

Para buena parte de los argentinos tendrá un efecto negativo sobre los sectores más vulnerables y los trabajadores el ajuste comprometido por la administración de Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Miles de ciudadanos han salido a las calles desde que se conociera la intervención del FMI en la economía argentina para protestar por la presencia otra vez en la nación del organismo financiero internacional.

Pero la realidad es que ya desde la llegada en diciembre de 2015 al poder de CAMBIEMOS realmente la situación de muchos argentinos sufrió un duro cambio. En los dos primeros años de mandato de Macri se redujo el gasto en subsidios, en inversiones en bienes, servicios y salarios.

Los conocidos tarifazos de servicios básicos como agua, luz y gas han llevado a un mayor desembolso de las familias argentinas, lo que por supuesto ha incidido en un menor presupuesto para cubrir otras necesidades.

Por tanto, ha sufrido un impacto negativo la canasta básica de alimentos, al tiempo que ha aumentado el número de pobres en la nación sudamericana, aunque el gobierno se empeña en decir que se ha registrado una disminución, lo que en opinión de los expertos, no coincide con la inflación y las restricciones a los ingresos populares.

En medio de este panorama arribará a territorio argentino el venidero viernes la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a quien dirigentes políticos y sociales enviaron una carta en la que advierten que el acuerdo de ese organismo con el gobierno provocará una catástrofe social.

La visita de Lagarde está encaminada a analizar la aplicación del programa económico que el gobierno de Macri acordó con el FMI para obtener un crédito multimillonario que le permitiera al país afrontar las consecuencias de una grave crisis financiera.

Entre las condiciones fijadas por el Fondo deberá aplicar un plan económico que contempla un ajuste presupuestario de unos 300.000 millones de pesos, es decir unos 10.700 millones de dólares.

Para los firmantes de la misiva el convenio aprobado por el FMI el 20 de junio pasado debe ser aprobado por el Parlamento, porque así lo establece la Constitución , y de otro modo, señalaron, no cuenta con la legitimidad jurídica, política ni social, agregaron.