Por: Guillermo Alvarado

Con entusiasmo digno de mejor causa, el gobierno del aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, hace todos los esfuerzos posibles para impedir que se cumpla la orden de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer la desaparición de 43 estudiantes del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, un crimen que ha marcado de forma indeleble a su administración.

Faltan apenas un par de meses para que se cumplan cuatro años de aquella fatídica noche, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales atacaron a un grupo de jóvenes que pretendían participar en una marcha en la ciudad de Iguala para exigir mejores condiciones en la escuela formadora de maestros con sede en Ayotzinapa.

La agresión a balazos dejó como resultado nueve fallecidos, de ellos varios miembros del grupo de estudiantes, al menos 24 heridos y 43 jóvenes detenidos por las autoridades y que luego desaparecieron, sin que hasta el momento se tenga certeza de cuál fue su destino, aunque el gobierno de Peña Nieto insiste en que fueron asesinados por una banda de delincuentes y sus cadáveres incinerados en un basurero.

Este versión fue desestimada por una comisión internacional en base a criterios científicos, por lo que todas las hipótesis, incluida la participación de policías federales y hasta del ejército, permanecen abiertas y su aclaración constituye la principal demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto.

En medio de toda la confusión creada alrededor del caso, un tribunal mexicano ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para determinar que ocurrió en realidad aquel día y cual es el paradero de los desaparecidos.

Si bien los padres de los estudiantes aplaudieron la medida, el ejecutivo utilizó todos los medios a su alcance para impedir su aplicación, hasta que esta semana otro juzgado consideró impropio crear un organismo de investigación independiente, cuando esa, dijeron los magistrados, es tarea de la Procuraduría General de la República, la misma que se ha negado a buscar la verdad.

Todo vuelve a quedar, entonces, en terreno de nadie y por todos lados se multiplican las preguntas de ¿a qué le tiene tanto miedo Enrique Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa? ¿Qué es lo que se está escondiendo con tanta premura?

Defensores de los familiares de las víctimas encuentran al menos sospechoso que toda la fuerza del Estado se utilice para encubrir los hechos, en lugar de hacer justicia en un crimen calificado como el más odioso perpetrado durante el actual gobierno.

Todo parece indicar que esta será otra de las pesadas herencias para el futuro ejecutivo mexicano, que ha prometido una lucha sin tregua contra la impunidad y la corrupción y es una luz de esperanza para aquellos que perdieron a sus hijos sin alcanzar ni siquiera el consuelo de cerrar el ciclo del duelo y tener un lugar donde rendir tributo a la memoria de sus seres queridos.