Por: Guillermo Alvarado.

Dice el refrán popular que por la boca muere el pez y eso lo está viviendo en carne propia el impredecible presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien gracias a su incontinencia verbal se enreda cada vez más en problemas con los poderes judiciales de su propio país, donde su credibilidad cae por momentos.

Todos los días, antes de comenzar su jornada, el jefe de la Casa Blanca dedica un tiempo a enviar mensajes por la red de twitter, que ejerce una extraña fascinación en él, pero para su desgracia muchos de ellos no fueron meditados y su repercusión suele ser negativa y a veces hasta explosiva.

Así le ocurrió con uno de los más recientes, donde insta al Procurador General, Jeff Sessions, a frenar las investigaciones sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y que adelanta el fiscal especial Robert Mueller.

Se trata de un acto torpe y sin precedentes en la nación norteña, donde hasta ahora los presidentes se han cuidado mucho, por lo menos en público, de interferir con otros órganos del Estado.

Si bien será difícil llevarlo ante la justicia, ya numerosas personalidades, entre ellos dos antiguos fiscales, Patrick Leahy y Richard Blumenthal, opinaron que el tuit de Donald Trump es en realidad una obstrucción a la justicia, lo que en ese país equivale a cometer un delito federal. De inmediato el equipo del presidente dio marcha atrás y dijo que se trata de una simple opinión, no de una orden y por lo tanto no tiene ningún peso legal.

Por si falta más pimienta en el tema, el gobernante dijo que las investigaciones de marras son una “cacería de brujas” organizada por sus enemigos, valga decir el partido Demócrata, pero resulta que tanto el fiscal especial Mueller, como el subprocurador que lo nombró, militan en las filas de los republicanos.

No es la única fricción del mandatario con el sistema de justicia, pues hace pocas horas un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos anuló permanentemente la orden ejecutiva del presidente para castigar a las llamadas “ciudades santuario” que ofrecen ayuda a los inmigrantes indocumentados.

Trump amenazó a estas urbes, condados y estados con recortarles gastos federales si insistían en su negativa a colaborar con las autoridades migratorias en la detección, captura y expulsión de los sin papeles, pero el magistrado dictaminó que el presidente carece de autoridad para modificar las condiciones del presupuesto aprobado por el Congreso, lo que deja automáticamente sin efecto la medida del magnate.

Se trata de un duro varapalo a la política migratoria intolerante del ejecutivo estadounidense, que ha sido criticado dentro y fuera del país por los excesos cometidos contra los inmigrantes, entre ellos la separación de padres e hijos, incluso niños de pocos años de edad.

Es un laberinto tortuoso en el que vive el magnate presidente, que todavía no ha aprendido un principio elemental de la política, a cualquier nivel de que se trate, y es que en boca cerrada, no entran moscas.