Por: Roberto Morejón

El bloqueo de Estados Unidos a Cuba se somete a la consideración internacional por su prolongación en el tiempo e impacto en la población así como en todos los sectores de la vida local, pues más de cinco generaciones sufrieron sus rigores.

Los daños acumulados por el cerco del país norteño durante casi seis décadas sobrepasan los 933 mil millones de dólares, un monto que pudo asegurar un nivel de vida más próspero para los cubanos.

Sin embargo, los nacionales tuvieron que resistir muchas limitaciones por la aplicación de tan absurda e ilegal medida, destinada a rendirlos por hambre y aun vigente a pesar de violar normas jurídicas internacionales.

El bloqueo estadounidense continúa en pie a contrapelo de demandas de otros países afectados por su carácter extraterritorial.

Muchos analistas se preguntan cómo Estados Unidos mantiene una decisión tan impopular que solo beneficia a la extrema derecha de la emigración de origen cubano y a sus amigos cercanos al poder, como el senador Marco Rubio.

Este señor de difuso origen cubano encabeza un grupo de trasnochados enemigos de la Revolución Cubana muy próximos a la actual administración estadounidense, y en especial a Donald Trump.

El gobernante republicano cortejó a esos allegados extremistas al dictar en 2017 normas encaminadas a recrudecer el bloqueo y a revertir el proceso de normalización de relaciones iniciado bajo el mandato del ex presidente Barack Obama.

Un paso así lo dio a pesar del reducido grupo de beneficiados con los apremios del bloqueo y de ser condenada esa política en 26 ocasiones por la Asamblea General de la ONU.

Ahora en el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se somete nuevamente al escrutinio la posibilidad de repudiar otra vez un sistema de sanciones considerado el más prolongado aplicado jamás en la historia.

La administración de Donald Trump preocupada -según afirma- por el respeto de los derechos humanos en Cuba debería admitir que su cerco es el principal atentado contra las prerrogativas ciudadanas de los cubanos.