Por: Guillermo Alvarado

Este primero de diciembre ocurrirá en México un acontecimiento de singular importancia, cuando Manuel Andrés López Obrador, un político progresista que no pertenece a ninguno de los grandes partidos tradicionales de ese país, recibirá la presidencia de manos de Enrique Peña Nieto, que le trasladará también una pesada herencia.

Es una nación rica en recursos naturales, con un territorio que alberga todo tipo de suelos y climas, agua en abundancia y una población esforzada, trabajadora y generosa, que acogió durante años a cientos de miles de latinoamericanos y europeos necesitados de refugio y afecto.

Las últimas décadas, sin embargo, han tenido un efecto devastador en ese pueblo debido a la descomposición política y moral de sus autoridades, la represión contra los movimientos sociales y la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.

El período que finaliza Peña Nieto es una especie de resumen de estas calamidades y así lo demuestran diversos datos, incluso investigaciones de organismos oficiales.

Casi 130 mil muertos por la violencia en seis años es una cifra reveladora de cómo todos los aparatos de seguridad y justicia resultaron rebasados o, en buena medida fueron cómplices en algunos de los casos más graves, como el de los 43 estudiantes de una escuela formadora de maestros del municipio de Ayotzinapa, desaparecidos en un confuso incidente en los alrededores de la ciudad de Iguala, del estado de Guerrero.

El informe emitido hace pocas horas por la gubernamental Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia que autoridades municipales, estatales y federales fueron informadas en el mismo momento en que el secuestro se estaba gestando, pero no hicieron nada para impedirlo.

Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los tres niveles de gobierno, afirma el texto.

"Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad", subrayó el procurador de los derechos humanos, Luis Raúl González Pérez.

En lo económico, a pesar de apreciaciones optimistas de Peña Nieto sobre un crecimiento sostenido de 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto, esta riqueza sólo contribuyó a profundizar las desigualdades, según especialistas de la organización no gubernamental FUNDAR.

Si México tuviese sólo cien habitantes, diez de ellos serían dueños del 80 por ciento del dinero, aseguró la entidad y recordó que tras la reforma fiscal de 2014, los más ricos pagan menos impuestos y los más pobres tienen menos recursos. La inversión social cayó en picada y la deuda externa creció el 41 por ciento.

Tal es la situación que Peña Nieto entregará mañana a López Obrador, día en que hablaremos de algunas de las estrategias que éste propone para comenzar a poner remedio a un desbarajuste que, ciertamente, no se arregla en seis años.