Por: Roberto Morejón
Los peruanos recordarán el año 2018 por los escándalos de corrupción asociados a procesos judiciales, renuncias y sustituciones de figuras públicas.
La clase política, sectores gubernamentales y la justicia son blancos de acusaciones o sospechas por cometer delitos.
La corrupción parece un barril sin fondo. El caso más estridente fue la renuncia en marzo del entonces presidente Pedro Pablo Kuczysnki, abrumado por denuncias de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Kuczysnki fue repudiado por perdonar al ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por violación de los derechos humanos.
Muchos peruanos interpretaron la decisión del gobernante como fruto de un soborno encubierto realizado por la facción en el Congreso del partido Fuerza Popular, liderado entonces por el hijo de Fujimori, Kenji, quien impidió un juicio político contra Kuczysnki.
Pero la debacle de este último NO es un hecho aislado porque cuatro de los últimos cinco presidentes peruanos son investigados por la presunta aceptación de pagos de Odebrecht.
El expresidente Alan García fue noticia porque Uruguay le negó el asilo tras declararse un perseguido político después de que un juez impidió su salida del país mientras transcurre una pesquisa por sobornos recibidos.
Las inculpaciones se extendieron hasta la congresista y ex aspirante a la presidencia Keiko Fujimori, encarcelada por 36 meses mientras la someten a pesquisas por recibir contribuciones ilegales para su campaña.
Al margen de la alta política también se mueven los hilos de los pagos ilegítimos como ocurre con jueces de la Corte Suprema, abogados y empleados.
Precisamente, el magistrado José Luis Lecaros fue elegido recientemente como nuevo presidente del Poder Judicial de Perú, cargo desempeñado hasta ahora interinamente tras la renuncia de Duberlí Rodríguez, envuelto en una trama corrompida.
Por este escándalo, el Congreso disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura que será reemplazado por una Junta Nacional de Justicia propuesta por el gobierno y cuya formalización será sometida a referéndum en Perú el próximo domingo.
Entre tantos movimientos sinuosos el propio Congreso aprobó un proyecto de ley que favorece a políticos a quienes les siguen la pista por la presunta financiación ilegal de sus campañas electorales.
A tantos atropellos dice enfrentarse el presidente Martín Vizcarra, con alto nivel de aceptación porque muchos ciudadanos creen que trata de atenuar el descrédito del país.
Sin embargo, esas personas NO salen del asombro ante el alcance de las denuncias de corrupción mientras graves problemas sociales como la desigualdad y la pobreza son relegados.
