Por: Guillermo Alvarado

Nunca deja de sorprendernos la manera retorcida en que en muchas ocasiones se ponen en práctica los mecanismos de la justicia en Estados Unidos y recientemente tuvimos nueva prueba de ello, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica David Earl Miller, después de pasar nada menos que 36 años esperando su muerte.

Independientemente de las razones que hubo para aplicarle este castigo, es increíble que esta persona haya tenido que pasar más de la mitad de su vida en el denominado “corredor de la muerte”, como se llama a la sección de la cárcel donde están los condenados a la pena capital.

Miller tenía 25 años cuando en un acceso de ira mató a golpes y puñaladas a su conviviente, por lo que fue juzgado y condenado. Su muerte por descargas eléctricas de mil 750 voltios en una prisión de alta seguridad de Nashville sucedió cuando había había cumplido los 61.

Se trataba de una persona atormentada, que durante su infancia sufrió maltratos y abusos. Durante mucho tiempo fue vagabundo, hasta que un predicador lo acogió a cambio de favores sexuales.

Todas las condiciones sociales y ambientales estaban dadas, pues, para para que ocurriese un desenlace como el que le hizo pasar media vida tras las rejas en espera de su ejecución.

Lo curioso es que fue él mismo quien prefirió la silla eléctrica en lugar de la inyección letal. Antes, incluso, había solicitado el fusilamiento, pero éste no está prevista en las leyes vigentes de la nación norteña, o al menos no en el estado de Tennessee.

Aparte de la tortura que significa tener a un ser humano durante casi cuarenta años en el umbral de la muerte, el caso de Miller ha reavivado el debate en torno a la inyección letal, considerada como una forma dolorosa en extremo de poner fin a la vida de un condenado.

Este método emplea un coctel de tres drogas, una de ellas el pentobarbital, que causa sueño profundo; otra provoca parálisis muscular y la tercera detiene el corazón. El problema es que los fabricantes del pentobarbital rechazan que sea utilizado para poner fin a la vida de una persona y se niegan a suministrarlo, por lo que es sustituido generalmente por el midazolam, menos efectivo y que conduce a una muerte lenta y con evidentes señales de sufrimiento.

Tras la ejecución del reo Billy Ray Irick, en septiembre pasado, un médico aseguró ante un tribunal de Tennessee que éste sufrió dolores semejantes a la tortura antes de fallecer. En otros estados, como Alabama, medio centenar de reclusos prefirieron morir en la cámara de gas de nitrógeno, antes que por la inyección letal.

Son algunos entresijos, amigos, de un sistema de justicia que, aunque sea legal, no resulta para nada justo.