Por Guillermo Alvarado (RHC)

El flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumplió lamentablemente su promesa de campaña de flexibilizar la venta y tenencia de armas de fuego, a pesar de la violencia que azota al llamado Gigante Sudamericano, que en 2017 costó la vida a casi 84 mil personas, dos tercios de ellas por heridas de bala.

Bolsonaro firmó un decreto al respecto amparándose en la idea de que los ciudadanos tienen derecho a defender sus propiedades e integridad física, pero obvió el criterio lúcido de que entre más artefactos mortales estén circulando por las calles, el número de víctimas crecerá inexorablemente.

También apeló a los resultados de un referendo realizado en 2005, hace 13 años, cuando el 63 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor de la liberación de la venta de pistolas y revólveres, aunque en el tiempo transcurrido el criterio de la gente cambió y ahora es al revés, pues sondeos recientes demuestran que 68 de cada 100 personas reclaman la prohibición de este comercio.

Desde su campaña el ahora jefe de Estado hizo otras declaraciones inquietantes, como exonerar de responsabilidad a los agentes del orden que maten a un presunto delincuente durante un operativo.  El caso es que en ese país los policías no necesitan mayores estímulos para disparar, como muestran las estadísticas.

En el estado de Río de Janeiro, entre enero y noviembre del año pasado, un total de de mil 444 personas fueron abatidas por agentes en las calles.

Más aún, el nuevo gobernador de esa entidad, Wilson Witzel, quien milita en el mismo partido político que Bolsonaro, el Social Cristiano, opinó que los policías pueden disparar a matar, sin aviso previo, contra cualquiera que porte un fusil, aún cuando esa persona no esté amenazando a nadie.

Volviendo al decreto firmado por el presidente, este amplía hasta diez años el tiempo de vigencia de la licencia para tener armas. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores el plazo era de tres años y el golpista Michel Temer lo elevó a cinco.

Además, los interesados en comprar una pistola no tienen obligación de demostrar ante las autoridades que les resulta indispensable por razones de seguridad.

Por otra parte, se da derecho a una persona a adquirir hasta cuatro armas, y más si se trata de propietarios agrícolas.

Quienes están de plácemes son los fabricantes y comerciantes de estas herramientas de la muerte, entre ellos la empresa local Tauros, que produce la pistola calibre 38, la más barata, vendida y utilizada para matar en Brasil.

Pero Bolsonaro también planifica abrir ese mercado a los empresarios foráneos, pensando quizás que si se trata de quitar una vida, da lo mismo una bala brasileña que  una extranjera.