Por: Guillermo Alvarado

Con entusiasmo digno de mejor causa el gobierno de Colombia se ha puesto totalmente a las órdenes de Estados Unidos en la conspiración para destruir a la Revolución Bolivariana de Venezuela, con el uso de la fuerza militar si es preciso, lo que entraña graves riesgos para la estabilidad de toda la región.

A muchos podría parecer curioso que precisamente un país que ha sufrido los rigores de la guerra durante más de medio siglo, ahora de manera irresponsable se preste a llevar los horrores de un conflicto armado al territorio de una nación vecina, con la cual comparte muchas raíces históricas, culturales y sociales.

Respecto a Venezuela, Colombia se ha puesto en el caso de aquella sentencia bíblica de quien ve la paja en el ojo ajeno, pero es incapaz de percibir la viga clavada en el propio.

Más que aprestarse a una aventura de resultados inciertos, Bogotá debiera concentrar sus esfuerzos en resolver sus propios problemas, que llevan décadas azotando a la población, entre ellos la violencia y la corrupción.

Desde el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la confrontación violenta no ha cesado en ese país, sobre todo tras la instalación una década después del denominado Frente Nacional, un pacto creado entre liberales y conservadores para alternarse en el poder y excluir a cualquier otra fuerza, sea cual fuere su orientación ideológica.

La guerra civil iniciada tras la formación de las primeras guerrillas causó hasta la fecha más de 230 mil muertos, cien mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados. Los acuerdos firmados entre el Estado y el principal grupo insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyos objetivos eran parar la guerra y resarcir a las víctimas, todavía no se han logrado implementar.

Todas las causas que generaron el conflicto se mantienen, entre ellas la concentración de la tierra en unas pocas manos y una inmensa mayoría de campesinos e indígenas sometidos a brutal explotación.

Desde el inicio de 2016 hasta el 10 de enero de 2019 fueron asesinados 566 líderes sociales, más de la mitad de ellos en municipios donde se desarrolló el enfrentamiento armado.

La corrupción es rampante. La Contraloría General de la República informó hace poco que por esa causa se evaporan al año unos 16 mil millones de dólares, recursos que bien empleados habrían contribuido a remediar la pobreza en que está sumida una buena parte de la población.

Con este abrumador panorama, ¿qué hace el gobierno colombiano encabezando una cruzada contra Venezuela? Una respuesta plausible la da Pedro Santana, director de la Revista Sur, cuando afirma que el ejecutivo de Ivan Duque atiza las llamas en casa ajena para ocultar los problemas que hay en la suya propia.

Lo que no parece tomar en cuenta es que un incendio en Venezuela hará arder inevitablemente también a sus vecinos, una advertencia que nunca es tarde para reiterarla.