Por María Josefina Arce

Cada vez es mayor el interés de empresas de distintas naciones por invertir en Cuba, debido al prestigio y la confianza alcanzada por nuestro país por su seguridad, el marco legal y su estabilidad política y social.

El proceso de inversiones foráneas avanza y se afianza en uno de los motores impulsores de nuestra economía, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el occidente cubano, donde ya se establecen varias firmas extranjeras.

Y es precisamente este proceso lo que intenta revertir el actual gobierno norteamericano, presidido por Donald Trump, que desde que llegara a la Casa Blanca en enero de 2017 ha reforzado la política de hostilidad que Estados Unidos ha aplicado contra el pueblo cubano durante más de medio siglo, con la imposición de nuevas sanciones y medidas.

En este panorama se inscribe la latente amenaza de aplicar el título III de la conocida Ley Helms Burton, firmada en 1996 bajo la administración del entonces presidente Bill Clinton y que busca entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de la Mayor de las Antillas con terceros países.

Este es el fundamento del título III, cuya entrada en vigor ha sido aplazada por los distintos gobiernos norteamericanos, y que el presidente Donald Trump decidió retrasar por solo 45 días el pasado 16 de enero.

Es esta amenaza, contraria al derecho internacional que reconoce la prerrogativa de todo Estado de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, una nueva afrenta a la independencia de Cuba y a la soberanía de otros países, por sus intenciones de aplicar la jurisdicción norteamericana extraterritorialmente.

De ponerse en marcha este título individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en el archipiélago podrían ser objeto de reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales estadounidenses.

Y es que el título III establece que las empresas de terceros países serán responsables ante los antiguos dueños de propiedades cubanas intervenidas o ante los sucesores de estos. por daños y perjuicios por supuestamente traficar con propiedades confiscadas.

Pero también afecta a los propios ciudadanos norteamericanos, pues su puesta en marcha provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos, un tema sobre el cual La Habana siempre ha reiterado su disposición de hallar una solución.

Aspecto que también Estados Unidos se ha encargado de dificultar con el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de cinco décadas mantiene contra el pueblo cubano, en un intento infructuoso de rendirlo por hambre y enfermedades.

La mayoría de los estadounidenses se opone al cerco, pero el presidente Trump se ha dejado llevar por ese grupúsculo que sigue anclado en el pasado y que no ve más allá de sus narices, ese que no pierde oportunidad de atacar la tierra de sus orígenes y a costa de ello llenarse los bolsillos.