Por María Josefina Arce
Las pensiones son un viejo problema que afronta la sociedad chilena, un remanente de la dictadura del general Augusto Pinochet, quien en 1981 privatizó todo el sistema, al que solo contribuyen desde ese entonces los trabajadores.
Múltiples han sido las protestas en contra de este modelo, mediante el cual los ciudadanos depositan sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas del sector financiero, conocidas como AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones.
El rendimiento de esos fondos determina el monto de la pensión que corresponde a cada ciudadano cuando llega el momento del cese de su actividad laboral.
Controvertido y sumamente criticado, este sistema otorga bajas jubilaciones y mantiene a muchos trabajando más allá de la edad de retiro, dada la baja retribución que recibirán.
De acuerdo con estudios de varias fundaciones, el 82 por ciento de los adultos mayores en Chile señala que sus pensiones no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, mientras que un 59% de las mujeres recibe jubilaciones bajo la línea de la pobreza.
Sin embargo, la realidad es otra para las Administradoras de Fondos de Pensiones que, advierten sus opositores, incrementan cada año sus ganancias.
De acuerdo con un estudio de la Fundación SOL, citado por la BBC, en los primeros nueve meses de 2015 las ganancias de las AFP aumentaron en 71, 4 por ciento, comparadas con el mismo período del año anterior.
Por su parte, un informe del Centro de Estudios Alternativos encontró que en diciembre de 2016 el sistema recaudó más del doble de lo que pagó.
Para ahondar las diferencias, el modelo puesto en marcha por Pinochet exime de participar en el a las fuerzas armadas y a los funcionarios estatales, quienes después de retirados reciben generosas pensiones.
Ante esa situación los chilenos volvieron a salir a las calles en las últimas horas para demandar mejores jubilaciones y la creación de un sistema de pensiones más solidario y ajeno al mercantilismo.
Las marchas, que tuvieron lugar en Santiago, la capital, y otras ciudades, fueron convocadas por la Coordinadora de organizaciones NO+AFP y contó con el respaldo de la Central Unitaria de trabajadores y decenas de gremios obreros y profesionales, organizaciones sociales, estudiantiles y partidos de oposición.
Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores señaló que el gobierno del presidente Sebastián Piñera debe escuchar la voz de los miles de chilenos que reclaman un cambo radical en las AFP y mejores pensiones, y no tratar de imponer una nueva ley que pretende aumentar el monto de las contribuciones que deben hacer los trabajadores y mantener los privilegios de esas entidades.
Para muchos los adultos mayores son uno de los sectores más olvidados de la sociedad chilena. Después de trabajar durante años es precaria la situación de la mayoría, que deben recurrir a la ayuda de familiares para poder subsistir.
En una sociedad que dejó atrás una sangrienta dictadura militar, cuyas heridas aún se mantienen abiertas, es inconcebible mantener todavía casi 20 años después una de las leyes que continúa atentando contra la seguridad e integridad de sus ciudadanos.
