Por Nicanor León Cotayo

Aunque sea difícil de entender, esas instalaciones han funcionado allí durante años. La tragedia fue descrita este martes 14 de mayo por una reportera del Nuevo Herald, Monique O. Madam.

Ella escribió que tres congresistas de la Florida pidieron investigar un contrato no sometido a examen por 341 millones de dólares.

Lo otorgaron a la compañía que opera el centro de detención de menores migrantes con sede en la ciudad floridana de Homestead.

¿Cuándo? Bajo la jefatura de un hombre de Donald Trump, el general retirado John Kelly.

Este último defendió y ayudó a implementar la política de separar a los menores de sus padres luego de llegar a la frontera de Estados Unidos.

Opuestos a ello han dicho que no debería estar ayudando a controlar una empresa beneficiada por esa disposición.

A pesar de que el centro de Homestead es, sobre todo, para menores que arribaron solos a Estados Unidos, han sido detenidos en el lugar.

Este lunes, las congresistas demócratas, Donna Shalala, Debbie Wasserman y Debbie Mucarsel, en una carta exigieron al Departamento de Salud investigar cómo se otorgó el tratado.

“Es desconcertante que un contrato crítico sea otorgado sin un proceso de licitación abierta con las autorizaciones apropiadas.

Solicitamos respetuosamente que su despacho realice una auditoría del proceso de contratación”, expresa la misiva.

Añade: “deseamos pedir se aclare la participación e influencia de John Kelly en este proceso”.

A las citadas congresistas les preocupa que la participación del General en la Administración provocó un aumento de menores en la instalación.

Y asimismo, del tiempo “que esos niños pasan bajo custodia del Gobierno”.

El referido escrito salió a la luz dos semanas después que el Miami Herald divulgó otros convenios mezclados a la empresa Comprehensive Health Services, sucursal de Caliburn International, perteneciente a la DC Capital Partners.

Su junta asesora está integrada por ex altos funcionarios de Seguridad Nacional, diplomáticos y militares.

Según fuentes de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a ellos les pagan 100,000 dólares anuales.

Ese anuncio se hizo un mes después que John Kelly fue visto entrando al centro de detención de Homestead en un carrito de golf.

La titulada Agencia de Bienestar Infantil de la Florida “no puede investigar ninguna alegación de abusos”.

Quizás por eso, cuerpos represivos no aceptaron la solicitud de las mencionadas legisladoras demócratas. Ello, a pesar de una nueva ley que “ordena” autorizar a ese tipo de funcionarios.

Muy claro, la increíble presencia de variantes de campos de concentración para menores inmigrantes en suelo estadounidense obliga a disfrazarlos a cualquier costo.

Baste recordar la tragedia de miles de pequeños durante la estampida de centroamericanos, o el drama diario para entender la vida de esa comunidad.

¿Y quién le ha dicho a usted que están vivos? Como volvería a preguntar el grande e inolvidable escritor Eduardo Galeano.

(Tomado de Cubasí)