Por: Roberto Morejón

Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela limitan los recursos para atender casos urgentes de enfermos, entre ellos niños, situación ante la que Cuba brindará una modesta ayuda.

El gobierno venezolano informó sobre transferencias para costear el tratamiento de infantes en hospitales en Caracas y otras naciones, pero el bloqueo estadounidense impide concretar el financiamiento.

Las penalizaciones de Washington contra PDVSA, Petróleos de Venezuela, están dirigidas a obstaculizar el funcionamiento de la industria fundamental de la economía de la nación sudamericana.

Además, esas imposiciones restringen la posibilidad de que la empresa haga aportes a proyectos de interés nacional, incluyendo la salud.

El embargo de CITGO, filial de PDVSA en territorio estadounidense, fue denunciado por Caracas como un robo que crea inconvenientes adicionales a la petrolera estatal.

Llama la atención cómo la oposición venezolana y el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, NO reconocido por la mayoría de países asentados en la ONU, muestran las dificultades en las prestaciones de salud en su país como un problema causado por la ineficacia del gobierno constitucional.

En la prensa internacional suelen repetir ese argumento artero y relatar casos de enfermos cuyos tratamientos son entorpecidos porque ---según afirman--- escasean los fondos oficiales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó los arduos trabajos para resolver esas contrariedades, con el propósito de garantizar la atención médica especializada de los enfermos.

En ese contexto desfavorable, el estadista informó que cuatro niños venezolanos serían trasladados a Cuba para recibir cuidados extremos y los llamó víctimas de la guerra económica.

El primer mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, escribió en la red social Twitter que Venezuela siempre puede contar con la mayor de las Antillas.

Debe recordarse que por acuerdos bilaterales el país caribeño mantiene en Venezuela casi 20 mil profesionales de la salud que realizan un trabajo abnegado y eficiente.

Pero procedimientos sofisticados para dolencias riesgosas requieren con frecuencia de traslados de pacientes a clínicas en otros países, previo pago del gobierno venezolano, ahora obstaculizado por las sanciones de Estados Unidos.

Constituye una escarnio culpar a Caracas por las complicaciones en los servicios de salud en Venezuela mientras se omite el impacto de las crueles penalidades.

El sentido humanitario debería primar para permitir que el gobierno venezolano pueda utilizar sus recursos en la atención de casos de salud de extrema premura.