Por: María Josefina Arce
El panorama político en Brasil se ha caldeado aún más desde inicios del pasado mes de junio por las revelaciones del sitio digital The Intercept sobre las maniobras del ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, para quitar del camino al ex presidente Luis Inacio Lula Da Silva, de cara a las elecciones generales de 2018.
La temperatura subió en las últimas horas , tras la comparecencia finalmente del ex juez ante la Cámara de Representantes, donde calificó de sensacionalista el uso de la filtración y dijo que todo formaba parte de un ataque criminal para invalidar las condenas de la causa por corrupción Lava Jato.
Moro esquivó las preguntas de los diputados de la oposición, al tiempo que dijo que había una investigación sobre la filtración.
El ministro de Justicia debía haberse presentado ante la Cámara el pasado 26 de junio para esclarecer si es posible, los hechos, pero prefirió viajar a Estados Unidos como parte de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad.
La visita a Estados Unidos fue sumamente criticada pues muchos se preguntaron si era más importante que responder a las preguntas que se imponen sobre su actuación legal.
De hecho el Partido de los Trabajadores criticó en ese momento la ausencia de Moro y afirmó que tenía muchas explicaciones que dar a Brasil.
Ya durante su comparecencia ante el Senado alegó Moro que no deberían ser tomadas en cuenta las conversaciones reveladas por The Intercept pues fueron obtenidas de forma ilegal, y además, en cualquier caso no observaba ninguna irregularidad en ellas.
Sin embargo, destacadas figuras legales, entre ellas algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal mostraron su desacuerdo público con esta aseveración.
Recordemos que los documentos dados a conocer arrojan que se mintió ante el Tribunal Superior y se le adjudicó falsamente al ex mandatario Luis Inacio Lula Da Silva un apartamento triplex, en el litoral de Sao Paulo, que supuestamente recibió de una constructora a cambio de obtener contratos en la estatal empresa Petrobras.
En esa falsedad se apoyó Moro para condenar a Lula Da Silva en 2017 en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión.
The Intercept publicó una serie de conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería, que dejaron bien en claro cómo se conversaba abiertamente sobre su voluntad de impedir el triunfo del Partido de los Trabajadores en la última elección presidencial en octubre.
El escándalo desatado confirma la persecución política de que ha sido objeto Lula, denunciada por sus abogados defensores, el Partido de los Trabajadores y gran parte de la sociedad brasileña.
El ministro de Justicia ha dicho que no renunciará por el escándalo causado por la filtración de los mensajes personales en el caso de Lava Jato, pero lo cierto es que está en entredicho su ética y su imparcialidad y arroja muchas dudas sobre su posible accionar ante determinadas situaciones, si ya fue capaz de recurrir a la mentira con fines políticos: incapacitar legalmente al candidato favorito de la mayoría de los brasileños para beneficiar a la derecha golpista.
