Por: Roberto Morejón

El informe sobre Venezuela presentado recientemente por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, generó adhesiones eufóricas de administraciones de derecha empeñadas en desestabilizar a la Revolución Bolivariana y críticas del gobierno de Nicolás Maduro y otros actores internacionales.

Representantes de Rusia, China, Turquía, Belarús, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, repudiaron en Ginebra el documento por presentar una parcializada visión de la vigencia de las libertades ciudadanas en el país sudamericano.

La delegación venezolana en la cuadragésimo primera sesión del Consejo de Derechos Humanos que sesiona en la capital suiza hizo 70 observaciones del texto redactado por el equipo encabezado por la expresidenta chilena, Michele Bachelet.

Precisamente, el gobierno venezolano consideró que ese grupo incluye a connotados adversarios de la Revolución Bolivariana.

Los representantes de Caracas reaccionaron enérgicamente a las graves imputaciones en el compendio alistado por los funcionarios de la ONU, porque refleja una visión selectiva y abiertamente parcializada de la situación de las prerrogativas ciudadanas en Venezuela.

Algunas de las razones para poner en entredicho el informe se basan en la exclusión casi total de la copiosa información aportada por el Palacio de Miraflores a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bachelet visitó Venezuela junto a sus colaboradores en dos ocasiones, accedió a centros penitenciarios y palpó los graves efectos en la población y en la economía de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo, el informe no alude a esas penalizaciones como si no fueran el origen de las carencias de alimentos y fármacos en el mercado venezolano.

Tales falencias y apreciaciones críticas basadas en fuentes predominantemente del exterior hicieron opinar al presidente Nicolás Maduro que el informe de Bachelet “está cargado de mentiras, manipulaciones, datos inexactos y falsos”.

Fuera de Venezuela organizaciones políticas y sociales llamaron la atención sobre la inexistencia en el informe de condenas a los intentos de golpe de estado.Tampoco aparecen las amenazas de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela.

Maduro acusó al emisario especial de Estados Unidos para Venezuela Elliott Abrams de ejercer presiones personales contra los integrantes de la Oficina fiscalizadora de la ONU.

A la luz de los contundentes reclamos del gobierno venezolano, los autores deberían atender la demanda de una corrección del informe.