Por: Maria Josefina Arce
Puerto Rico vive un huracán político y social. Las autoridades coloniales han tocado fondo, y la población no ha abandonado las calles desde este fin de semana en demanda de la renuncia del controvertido gobernador Ricardo Roselló.
Las manifestaciones han tenido como detonante la divulgación el sábado de casi 900 páginas de un chat privado en la red social Telegram, en el cual Roselló junto a altos miembros de su gobierno comparten burlas, comentarios homofóbicos, sexistas y misóginos sobre figuras públicas.
En un intento por apaciguar los ánimos el gobernador ha prescindido de sus colaboradores que aparecen en el chat, incluido el secretario de Estado, Luis Rivera, quien presentó su dimisión.
Sin embargo, el propio Rosselló se ha negado a dimitir, a pesar del escándalo y de que ha perdido el apoyo de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, controladas por el anexionista Partido Nuevo Progresista, y de muchos otros miembros de su organización política.
Entretanto, el Colegio de Abogados de Puerto Rico anunció que preparará un informe para establecer las bases jurídicas para apartar a Roselló de su cargo, mientras la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ordenó la creación de un grupo de trabajo especial que investigará posibles violaciones de ley en el chat.
Todos se preguntan que va a pasar ahora con un gobernador cada vez más aislado y que también ha tenido que hacer frente a las detenciones de varios ex funcionarios y contratistas de su gobierno por un caso de presunta corrupción que incluye contratos por valor de más de diecisiete millones de dólares.
Los detenidos están acusados de 32 cargos que incluyen conspiración para cometer robo y fraude electrónico de lavado de dinero a través de un esquema que, básicamente, tenía como objetivo beneficiarse con contratos gubernamentales.
Pero fue sobretodo su mala gestión tras el devastador paso del huracán María en 2017 que lo situó en la mirada crítica de gran parte de la sociedad, Doce meses después del fenómeno meteorológico Puerto Rico aún no lograba recuperarse de los destrozos ocasionados.
Su gobierno tardó casi un año en reconocer las tres MIL víctimas que dejó a su paso María y que situaba en un inicio en solo 64.
Asimismo, muchos puertorriqueños cuestionaron lo que calificaron de postura débil frente al presidente norteamericano, Donald Trump, quien tardó en autorizar el envío de ayuda a ese territorio colonial y que durante una visita en una actitud arrogante, cínica y de burla tiró papel higiénico a damnificados por el evento metereológico.
Roselló también ha puesto en marcha antipopulares medidas, ante las presiones de la Junta de Control Fiscal, impuesta en 2016 bajo la entonces administración del presidente Barack Obama para controlar las finanzas de la isla y que ha dejado en un alto grado de vulnerabilidad a la población.
Más de cien MIL puertorriqueños han firmado una petición de renuncia de Roselló, que por el momento permanece aferrado a su cargo y niega haber cometido algún delito, pero lo cierto es que su imagen bastante dañada ya ha caído en picada.