Por: Guillermo Alvarado.

Estupor, indignación y sarcasmo provocó en la sociedad guatemalteca la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y Estados Unidos, que permitirá mandar a la nación centroamericana a migrantes indocumentados que no califican, o que deben esperar largo tiempo para conseguir su estatuto de refugiados.

La rúbrica del pacto introduce a la Tierra del Quetzal en la figura de “Tercer país seguro”, creada a mediados del siglo pasado para garantizar una acogida digna a quienes deben abandonar su lugar de origen por amenazas a su vida o para escapar a una situación social y económica degradantes.

Aquellas personas que salgan de su país por tales circunstancias, tienen derecho a solicitar asilo en otro donde existan las condiciones para salvaguardar su integridad y encontrar las oportunidades que no tuvieron antes.

Ese segundo país, sin embargo, puede negarse a recibirlos y entonces los debe transferir a un tercero, con similares condiciones de desarrollo y capacidad para acoger con dignidad a los migrantes, garantizarles salud, educación y vivienda.

Y aquí es donde la historia da un giro que parece un chiste de mal gusto, porque sólo a alguien totalmente ajeno a la realidad podría ocurrírsele que Guatemala tenga similar nivel de desarrollo que Estados Unidos, o condiciones para brindar a decenas de miles de personas, lo que no puede ofrecer a sus mismos habitantes.

El 60 por ciento de guatemaltecos están en la pobreza, millones de niños no reciben atención médica ni asisten a la escuela y en el campo la miseria es aberrante.

En la capital del país basta alejarse un poco del centro de la ciudad, artificialmente engalanada con vistosas edificaciones, para descubrir debajo de los puentes o en las laderas de las montañas miles de seres humanos habitan en miserables casas que guardan un precario equilibrio al borde del vacío, un milagro de la física.

Los hospitales públicos son un desastre, calificados con amarga ironía, a lo García Márquez, como “morideros de pobres” porque allí falta de todo.

La violencia es cotidiana y son muy pocos los que pueden jactarse de no haber sufrido jamás un asalto o una extorsión.
¿País seguro? Para nada y para nadie, pero allí está el acuerdo firmado por el ministro de Gobernación, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad le había prohibido al presidente comprometer de esa manera al país.

En realidad fue un vulgar chantaje de Donald Trump, que amenazó con poner impuestos a las remesas, pilar fundamental de la economía guatemalteca, y prohibir la entrega de visas a los ciudadanos que deseen viajar al norte, si no se aceptaba ese pacto, suficiente para asustar a Jimmy Morales y el sector empresarial, incapaces de decir no a los caprichos de la Casa Blanca.

La paradoja es que muchos salvadoreños y hondureños que pretendían escapar a la violencia de las bandas criminales yéndose a Estados Unidos, ahora serán devueltos a un lugar donde correrán similar, o mayor peligro.

Guatemala no tiene ninguna capacidad para cumplir lo prometido y es ilegal porque viola un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Además, fue firmado por un ministro, que no tiene poder legal para rubricar ese tipo de documentos. Cosas veredes, amigo Sancho….  FIN.