Por: Guillermo Alvarado

Ateniéndose a la definición más generalizada de terrorismo, aquella según la cual se busca la dominación y el control por medio de actos violentos capaces de generar miedo entre la sociedad, podemos entonces deducir que por acción y omisión el gobierno de Estados Unidos fomenta esta plaga, dentro de su propio territorio.

En efecto, si una familia acude a un gran supermercado para hacer las compras habituales, o se reúne en un bar para compartir un rato con sus amistades, u organiza una barbacoa en un parque, y uno o más sujetos armados disparan sin aparente razón, matando o hiriendo a varios de sus allegados, hijos, hermanos o padres, la única sensación que puede quedar es la de haber sufrido un ataque terrorista.

No hablamos de la imagen que se ha sembrado en la mente de la gente, de un agresor extranjero, preferiblemente árabe y mejor aún si es musulmán. No, se trata de individuos que hasta el día de los hechos podrían pasar por comunes y corrientes, si no fuese porque cotidianamente recibían una dosis tóxica de odio y miedo hacia lo que es extraño, diferente o ajeno.

El actual gobierno de Estados Unidos se ha dedicado a administrar este veneno y potenciarlo con un discurso cargado de matices negativos. Vean ustedes este paralelo: desde su campaña electoral Trump insistió en convencer a sus compatriotas que estaban sufriendo una invasión de inmigrantes calificados de asesinos, violadores y drogadictos, que ensucian a la “impoluta” sociedad norteamericana.

Justamente, el tirador de la masacre en El Paso, Texas, es un supremacista blanco molesto por la “invasión” de mexicanos a esa ciudad.

Pero hay otras formas de incitar este terrorismo, que algunos medios policiales insisten en denominar “interno”, pero que es terrorismo al fin y al cabo.

Me refiero a la extraordinaria facilidad con que en ese país se pueden comprar armas, municiones y hasta explosivos bajo el amparo de la segunda enmienda de la Constitución, a la cual se aferran organizaciones como la Sociedad Nacional del Rifle, cabeza visible de la oposición a aplicar restricciones rigurosas a este comercio.

En ese país no existe una ley que obligue a llevar una estadística sobre la cantidad de armas en poder de la población, pero hay estimados serios que indican que existe más de una por cada uno de los 327 millones de habitantes, incluidos bebés, ancianos, enfermos graves o reclusos. No se sabe tampoco la cifra de municiones almacenadas en los hogares, pero el autor de la matanza de Dayton, Ohio, llevaba en la madrugada del domingo balas suficientes para asesinar a más de cien personas.

Si a un discurso de odio y de miedo, que eleva al máximo las tensiones y los recelos dentro de la sociedad, usted le suma las facilidades para la compra y portación de armas, incluidos fusiles de alto poder, el resultado no puede ser otro que la violencia, la muerte y el sufrimiento.

Por eso, mientras el Estado como tal, es decir los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, mantengan las cosas como hasta ahora, es culpable de fomentar el terrorismo y de la muerte y lesiones de cada una de las personas que caen bajo el fuego de un tirador obnubilado por el odio, que de manera perversa se va sembrando, día a día, en su mente y su corazón.