Por: Roberto Morejón
Los sucesos recientes en Ecuador, Chile y Bolivia confirman hasta dónde son capaces de llegar las fuerzas políticas y élites económicas de derecha, en el poder o en la oposición, para mantener sus privilegios, incluso a través del intento de asaltar gobiernos.
En Ecuador y Chile estallaron justas protestas de movimientos sociales de diverso origen, con el protagonismo de los indígenas en el primer país, secundados por sindicatos y estudiantes.
En cuanto a Chile marcharon a la cabeza los gremios laborales a los que se sumaron estudiantes, amas de casa, pensionados y otras personas castigadas por el régimen neoliberal heredado del pinochetismo.
La represión de militares y policías a las órdenes de los presidentes Lenin Moreno y Sebastián Piñera provocó muertos, heridos y apresados hasta conmocionar a las dos sociedades y al mundo.
La televisión transmitió detalles de golpizas brutales hasta contra niños y nuevamente se vieron simbólicas imágenes de jóvenes chilenos hablando con efectivos antimotines para convencerlos de abstenerse del uso de la fuerza contra sus compatriotas.
En ambas naciones, desfiles populares mostraron irritación por la desigualdad entre ricos y pobres, alzas de precios y tarifas, pensiones indignas y la indiferencia del poder de turno.
En el centro de América Latina, Bolivia fue escenario también de violencia, pero de otro origen y proyección, pues correspondió a la de una oposición conservadora que, con el candidato de derecha Carlos Mesa a la cabeza, intentó impedir la victoria en primera vuelta electoral del presidente indígena Evo Morales.
Quema de edificios oficiales, llamados al paro y choques con seguidores del presidente que durante 13 años llevó a Bolivia a la prosperidad económica representaron algunos de los radicalismos de los responsables de los disturbios.
En los casos de Bolivia y Ecuador la opinión pública presenció ejemplos de racismo, como si la derecha quisiera olvidar el origen multiétnico del subcontinente.
Los políticos conservadores, la prensa hegemónica y las fuerzas productivas al servicio de las clases altas se escudan en militares autoritarios para frenar las protestas y demandas de quienes son esquilmados en Chile y Ecuador.
En Bolivia, los promotores de la desobediencia civil y saqueos afirman ser demócratas y respetuosos de los derechos humanos, aunque transgreden los de sus coterráneos.
Los militares en Ecuador y Chile y los golpistas en Bolivia tienen en común la falta de escrúpulos al utilizar la violencia porque, según ellos, el fin justifica los medios para conseguir sus propósitos.
