Por: Roberto Morejón
 
El gobierno ecuatoriano negó el uso de la fuerza para contrarrestar protestas populares durante el pasado año, en contraste con denuncias sobre tales excesos.
 
El presidente Lenín Moreno hizo una airada intervención pública en contra del anuncio de una posible demanda internacional, ante el empleo desproporcionado de apremios físicos durante la huelga general de octubre del pasado año.
 
Como se recordará, centenares de miles de ecuatorianos, sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas reprobaron las medidas neoliberales gubernamentales.
 
Entre las disposiciones destacó entonces la eliminación de los subsidios a los combustibles, con el alza del precio del galón de diésel y de la gasolina conocida como “extra”, la de mayor consumo nacional.
 
En opinión de los movimientos sociales, la confederación indígena, periodistas y usuarios de las redes sociales, las fuerzas armadas reaccionaron desproporcionadamente al movimiento popular.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nada afín a los protagonistas de las marchas puso de relieve la existencia de elementos demostrativos de lo que, en su criterio, sería el uso desmedido de la fuerza en la contención de los reclamos.
 
Desde el punto de vista de la colectividad indígena, el Estado ecuatoriano debe asumir su responsabilidad por lo que describe como fallecidos, mutilados, detenidos, perseguidos y criminalizados.
 
Más de tres decenas de periodistas y reporteros gráficos denunciaron agresiones en aquellos tensos momentos.
 
Las imágenes NO censuradas evidenciaron la utilización por las fuerzas armadas y la policía de bombas de gases lacrimógenos, balas de goma, porras y golpizas.
 
La cifra de muertos varió entre 5 y 10, en dependencia de las fuentes, y según el Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, la represión dejó más de mil heridos y una cifra superior de  detenidos, la mayoría de ellos sin cargos.
 
El cúmulo de denuncias refuta la posición del gobierno ecuatoriano, ahora alarmado por una eventual demanda de la Asociación Inocencio Tucumbi, integrada por víctimas de los desmanes.
 
Observadores alertaron sobre cómo el gobierno ecuatoriano niega imputaciones sobre la aplicación interna de intimidaciones mientras se pronuncia presurosamente sobre lo ocurrido en otro país.
 
Ecuador tildó de uso de la fuerza por agentes del orden venezolanos en las afueras de la sede de la Asamblea Nacional opositora, donde recientemente facciones en pugna lucharon por el control de la directiva.
 
Ocuparse de lo acontecido supuestamente en el exterior e ignorar denuncias a lo interno resalta en la conducta oficial.